Independientemente del partido político que triunfe en los procesos electorales, el “cambio de gobierno” en periodos determinados sólo significa un cambio de personas en la administración pública, ya que la ideología y la relación estado-sociedad son similares si no es que idénticas. Un “cambio de régimen”, por el contrario, representa una posición ideológica y política diferente, con otra relación del gobierno con sus gobernados y renovada estructura jurídica para las actividades políticas, económicas, sociales, judiciales y culturales.

A partir de 2019 en México se desarrolla –con todo lo que esto implica- un cambio de régimen, con cambios jurídicos ya aprobados o en proceso, como las reformas laboral, educativa y energética, el incremento del salario mínimo, modificaciones al Infonavit, transferencias sociales, entre otras.

Ahora la sociedad mexicana puede opinar en las decisiones más importantes de carácter público y la consulta popular del 1 de agosto pasado -contra todo- inauguró una nueva forma constitucional de participación democrática (más de 6.4 millones de participantes no es menor), la cual tuvo dos objetivos.

1. Conciencia histórica. No se discute el deterioro del Estado y de la sociedad que el periodo neoliberal –de más de tres décadas- entregó al actual gobierno republicano-nacionalista: corrupción en muchos ámbitos de la administración pública, Fobaproa como un atraco a la nación, contratos de gobierno leoninos a empresas privadas nacionales y extranjeras, robo de combustibles, sobornos, condonación de impuestos –con información reservada-, opacidad en el ejercicio del gasto, procesos electorales dudosos y cuestionados, contención salarial con más de 60% de pérdida del poder adquisitivo, incremento de la pobreza y la pobreza extrema, informalidad laboral, escandalosa inequitativa distribución de la riqueza, excesivo gasto corriente del gobierno federal (1.2 billones de pesos al año 2018), incremento exponencial de la deuda pública federal en más de 10 billones de pesos, gasto público decreciente en infraestructura productiva, contratos multimillonarios a medios masivos de comunicación, inseguridad pública en colusión crimen organizado-autoridades militares y policiacas, entre otros desaciertos y errores.

De lo anterior hay responsables y estos nefastos resultados no deben olvidarse en la conciencia histórica del pueblo de México, para que esto no se repita.

2. Democracia participativa. Una de las condiciones del neoliberalismo es la apertura democrática, de ahí la caída de los regímenes autoritarios en el mundo a partir de la década de los ochenta del siglo pasado (caída de regímenes militares en Sudamérica, África y la Unión Soviética). Pero en nuestro país la democracia ha sido de simulación en todos los ámbitos -incluido el poder judicial-.

Históricamente en México el paulatino avance democrático se expresó en procesos electorales democracia representativa –“votas y te vas”-, con decisiones desde las cúpulas políticas (PRIAN) y del poder económico (oligarquía), con estructura jurídica a modo para el desmantelamiento del Estado social orientador del mercado.

En 2013 la izquierda política y ciudadana reunió más de 2.5 millones de firmas para que en referéndum la sociedad opinara sobre la reforma energética, pero la derecha argumentó que en reformas constitucionales no era legal dicho referéndum y se rechazó la solicitud; la reforma energética diseñó en la cúpula empresarial y política.

La derecha política, mediática y académica descalificó la consulta –“circo”, así evidencian desprecio por la opinión popular- y argumentan que “la ley no se consulta…”, cuando el régimen neoliberal fue de simulación, corrupción y privilegios. No entienden que no entienden.

Con transparencia en las decisiones públicas de orden económico (ingreso-gasto, contratos de obras y servicios, deuda) habrá certeza en el mercado, pero dicha condición sólo se logra con amplia participación social que obligue a los gobiernos a mejorar la gestión pública, como en países democráticamente avanzados, con ejercicios como la consulta popular.

Desarrollo económico y democracia participativa se condicionan y se complementan, ¿alguien lo duda?