La previsible afectación económica por los resultados del referendo británico sobre la permanencia o no en la Unión Europea –que se saldó con un triunfo de la opción antieuropeísta– se tradujo, en el caso de nuestro país, en una nueva caída del peso, un cierre a la baja en la Bolsa Mexicana de Valores y un aumento en la incertidumbre por la posibilidad de una tormenta financiera internacional de grandes dimensiones.

Frente a este escenario, las autoridades del país dieron una nueva muestra de su ortodoxia económica: ayer, luego de minimizar los efectos del llamado Brexit (en alusión a la salida británica del conglomerado europeo de naciones), el titular de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, anunció un nuevo recorte presupuestal por más de 31 mil millones de pesos que afectará principalmente a las secretarías de Salud y Eduación, con quitas de 6 mil 500 millones de pesos a cada una.

A pesar de que el anuncio se produce en un escenario coyuntural e inédito, la postura del gobierno mexicano se apega a un guión conocido, que de hecho fue aplicado ya con mayor crudeza este mismo año, en febrero, cuando se dio a conocer un recorte al gasto público por 132 mil 300 millones de pesos, de los cuales 100 mil millones de pesos fueron aplicados a Petróleos Mexicanos (Pemex). No se trata, en suma, de una medida insospechada, sino de una muestra de continuidad en la orientación vigente del manejo de las finanzas públicas.

Por desgracia, mientras la actitud de los encargados de la conducción económica del país es meramente reactiva ante factores exógenos, poco o nada se ha hecho por atender los desequilibrios endógenos de la economía nacional, entre los que se encuentran un crecimiento alarmante de la deuda pública, y la persistencia de la pobreza económica y desigualdad social que deprime el mercado interno y dificulta la generación de empleos.

Si a lo anterior se agrega la brusca disminución de recursos fiscales por la caída de los precios internacionales del petróleo y por los efectos de la reforma energética, los efectos negativos de la devaluación del peso frente al dólar, los elevadísimos niveles de endeudamiento alcanzados en el curso de la presente administración y el incierto y volátil panorama internacional, resulta claro que la economía del país se encuentra en uno de sus momentos más peligrosos al menos desde 2008.

Ante los focos rojos mencionados, parece insuficiente y hasta riesgosa la inercia mostrada en lo que se refiere a la conducción de la economía. El equipo gubernamental debe cambiar de rumbo. Es meridianamente clara la necesidad de reactivar el mercado interno y fortalecer la economía social y popular, así como la pertinencia de reducir en forma significativa los costos de operación de la administración pública sin tocar la inversión pública ni los programas sociales. Particularmente necesaria es la dignificación presupuestal en rubros cruciales para el desarrollo de una nación, como salud y educación, y que suelen ser, por desgracia, sistemáticamente castigados por recortes presupuestales como los que se anunciaron ayer.