So pretexto del Presupuesto Base Cero, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha iniciado un proceso de desmantelamiento de diversas instituciones, programas, políticas públicas y formación de personal profesional altamente calificado, que a lo largo de décadas se vinieron edificando para proteger los recursos naturales, el medio ambiente y sentar las bases de un desarrollo sustentable. 

En las últimas semanas se han venido presentando recortes presupuestales a programas fundamentales de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), acompañados de decenas de despidos de los profesionales responsables de su implementación. 
No es un asunto menor, desde la aprobación de la primera Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente en 1988, y con un fuerte impulso social y del movimiento ambientalista, se había venido construyendo un entramado institucional, que hoy se pretende tirar por la borda, animado por los negocios con que las llamadas reformas estructurales pretenden someter a remate los recursos naturales del país. 

Como lo señalé en su momento, con la reforma energética se creó la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección Ambiental del Sector Hidrocarburos que invade las facultades y competencias tanto de la Semarnat como de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, toda vez que la ley que la crea le autoriza supervisar y vigilar el cumplimiento de las empresas que explotan los hidrocarburos, así como la aplicación de certificaciones, auditorías y de todos los ordenamientos legales y reglamentarios en la materia, incluso a autorizar programas de manejo forestal en las áreas concesionadas a particulares. Hoy esta agencia se convierte en el eje del negocio energético en demérito de la biodiversidad. 
Para el actual gobierno, el desmantelamiento de Semarnat es fundamental para cerrar el negocio. Así lo demuestran sus acciones. Por ejemplo, tras la llegada de Alejandro del Mazo a la Conanp, cerca de 300 directores de reservas, guardaparques y administrativos han sido desplazados por personal sin experiencia ni conocimientos del tema, y sólo el mérito de la lealtad a su jefe los respalda. Además, hasta ahora han sido despedidos la mitad del personal de la Conafor y la cuarta parte del INECC. 

Con estas medidas se pone en riesgo a las 177 áreas naturales protegidas, que alcanzan actualmente 26 millones de hectáreas, equivalentes al 13 por ciento de la superficie del territorio nacional, donde se concentra la mayor parte de la biodiversidad del país, considerada la quinta en importancia a nivel global. A las que se suman 400 mil hectáreas de reservas ecológicas voluntarias, resultado del esfuerzo del personal que hoy es despedido. 

No es de sorprender esta situación. El potencial para los negocios energéticos en estas áreas naturales es invaluable, y el gobierno no se tocará el corazón para modificar la naturaleza jurídica de las mismas. Así lo hemos visto con la declaratoria que elimina el carácter de parque nacional que había detentado el Nevado de Toluca desde 1936 por decreto del presidente Lázaro Cárdenas, para permitir diversos usos y desarrollos inmobiliarios, al igual que lo sucedido con el Área Natural Protegida ingeniero Jorge Cruickshank en Chimalhuacán, también en el Estado de México, donde tras modificar su figura jurídica como área natural protegida, se desincorporó del patrimonio estatal para donarlo al gobierno federal para la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad de México. 

Esta es la respuesta gubernamental a uno de los escasos temas que logramos frenar dentro de la reforma energética: el que la Agencia Nacional no tuviera competencias sobre las áreas naturales protegidas, por lo que para los tecnócratas neoliberales es un asunto determinante dentro de su estrategia, apoderarse y desmantelar las instituciones relacionadas con la preservación de los recursos naturales del país, al margen de los conflictos que ya se están presentando ante el despojo de los recursos de que son objeto comunidades indígenas y campesinas. 

Quizá todo se reduce, y qué mejor ejemplo de la visión que impera en la actual burocracia ambiental, a la expresión que en algún momento hiciera un alto funcionario de Semarnat, para quien el personal de la Conanp “son jipis y soñadores”. 

Es urgente que la comunidad ambientalista nacional e internacional encare esta situación para revertirla. Se trata de un asunto de seguridad ambiental y de seguridad nacional. Más aún en la antesala de la reunión de Conferencia de las Partes (Cop 21) donde se suscribirán los compromisos multilaterales en materia de cambio climático y la revisión de la agenda del milenio.