Ciudad de México.- Es la mayor lacra en la Iglesia católica de las últimas décadas. Desde que estallara el caso de abusos sexuales en la diócesis de Boston en 2001 -retratado con maestría por la oscarizada Spotlight-, las denuncias contra sacerdotes y religiosos se han extendido como la pólvora. Según los datos de la propia Santa Sede a los que ha tenido acceso ElDiario.es, en la última década han llegado más de 6 mil, a una media de cerca de 600 casos por año.

Entre 2004 -año en que se recibieron casi 800 denuncias- a la actualidad, la maquinaria canónica ha procesado miles de causas, y casi un millar de curas -848- han sido expulsados del sacerdocio, “reducidos al estado laical”, según datos de la Comisión Pontificia para la Tutela de Menores, creada por el Papa Francisco y que intenta coordinar la respuesta de la Iglesia frente a este cáncer. Más de la mitad de las denuncias acaba llegando a juicio por la vía canónica y alrededor de tres de cada cuatro concluyen con la condena del acusado. Al margen del proceso religioso bajo las leyes canónicas del Estado vaticano, hay casos por la vía civil en cada país.

De las casi 6 mil denuncias presentadas ante la Santa Sede, entre 2004 y 2013, la Congregación para la Doctrina de la Fe estudió “3 mil 420 casos creíbles de abusos a menores de 18 años”. Es decir, la mitad de las presentadas. El año 2004 tiene muchas más demandas que el resto porque recogía conductas delictivas cometidas desde 1950. De estos más de 3 mil casos, se expulsó a 848 sacerdotes. En el resto de casos, los sacerdotes fueron simplemente sancionados con distintas penas, que el informe vaticano no especifica, pero que podrían ir desde una sanción temporal a un traslado, o a evitar su trato con menores.

En el aspecto puramente jurídico, la responsabilidad recae en la Congregación para la Doctrina de la Fe. En las oficinas de la antigua Inquisición los informes se amontonan. Una causa contra un sacerdote por pederastia, o contra religiosos u obispos por encubrimiento, tarda años en sustanciarse, pues el sistema vaticano es sumamente garantista. De hecho, el Papa Francisco tuvo que nombrar hace unos meses un tercer secretario adjunto de la Congregación para que se ocupara única y exclusivamente de estos casos.

“No dan abasto”, reconocía Bergoglio en el vuelo de vuelta de México, donde dejó claro que no hay lugar en la Iglesia para los abusadores y sus cómplices.

“Un obispo que cambia a un sacerdote de parroquia cuando se detecta una pederastia es un inconsciente y lo mejor que puede hacer es presentar la renuncia. ¿Clarito?”, apuntó entonces el Papa, tal vez pensando en su Ministro de Finanzas, George Pell, que acaba de declarar respecto a su papel en la gestión de casos de abusos sexuales hace décadas en Australia.

Bergoglio, quien ya dijo en su día sobre el caso de abusos en Granada que “la verdad es la verdad, y tiene que salir a la luz”, añadía en la última entrevista:

“Doy gracias a Dios de que se haya destapado esta olla y hay que seguir destapándola. Y tomar conciencia. Y lo último que quiero decir es que es una monstruosidad, porque un sacerdote es consagrado para llevar a un niño a Dios y ahí se lo come en un sacrificio diabólico. Lo destruye”.

“TENEMOS TRABAJO PARA 30 Ó 50 AÑOS”

 Mientras tanto, las denuncias continúan llegando a Roma, y los papeles amontonándose. En España hay alrededor de una decena de casos en la actualidad, de los que los más conocidos son los relativos a Granada, el colegio Gaztelueta del Opus Dei o los maristas de Barcelona.

Un eclesiástico español, bien informado de los casos que conciernen al país admite en privado que “desgraciadamente, y pese a la buena voluntad del Papa y del G9 (grupo de cardenales que asesoran al Papa en la reforma de la Curia), habrá muchos casos de abusos que se resuelvan cuando víctima y agresor hayan fallecido, o que se cierren en falso”.

Las razones son muchas: falta de personal, el hecho de que muchas denuncias se hacen cuando pasan hasta 30 y 40 años y, sobre todo, la sensación de que tanta denuncia puede sembrar el caldo de cultivo para pensar que toda la Iglesia está infectada.

“Muchos no denuncian porque quieren seguir con su vida y olvidarse. Hay que comprenderles, pero también resaltar la valentía de tantas personas que han dado un paso adelante, y que con su denuncia pueden contribuir a evitar nuevos abusos, y a poner coto a los que se estén dando”.

En Irlanda, varios informes revelaron que el abuso de menores en centros católicos era una práctica común y constante. El Informe Ryan, el más desgarrador, hablaba de miles de menores afectados por parte de la Congregación de los Hermanos Cristianos, encargados de gestionar las escuelas y orfanatos católicos de propiedad estatal.

En Alemania se recibieron casi tres mil denuncias. Algunas de ellas implicaban al hermano de Benedicto XVI, Georg Ratzinger, responsable del Coro de Ratisbona.

La Comisión creada en 2011 en Austria por la Iglesia católica para investigar denuncias de abuso sexual y físico informó de que ha registrado casi 840 casos de abusos presuntamente realizados.

En el Reino Unido se dieron centenares de denuncias que llevaron al Cardenal Keith O’Brien a dimitir días antes del cónclave del que salió elegido Francisco. A su vez, en Francia se constataron 11 casos entre 1985 y 1996. En Polonia, un capellán militar fue acusado de 17 casos.

En México, no hay una investigación general, pero su caso más conocido fue, sin duda, el que afectó al fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel.

En Estados Unidos ha habido más de mil trescientos casos verificados desde la década de 1950. Cerca de 300 sacerdotes se han visto implicado. Los casos más sonados afectaron a la Arquidiócesis de Boston, que se narran en Spotlight.

En Brasil, . En tanto, en Chile, la polémica gira en torno al Obispo de Osorno, Juan Barros, acusado por los fieles de la diócesis de haber encubierto al sacerdote Fernando Karadima, condenado por Roma por abusos sexuales.

Australia ha podido comprobar unos 620 casos de abusos sexuales a menores desde la década de 1930 hasta la actualidad, en la que la Comisión investiga incluso al “Ministro de Finanzas” vaticano, George Pell.

Hans Zollner, jesuita y miembro de la Comisión Pontificia para la Tutela de Menores, es claro al respecto. “Tenemos trabajo como para 30 ó 50 años más”. Porque las denuncias continúan llegando. Las condenas, aunque con cuentagotas, también.