Entrega de dinero sin calendarios ni controles, nula supervisión de obras y beneficiarios, subejercicios o sobreejercicios sin explicación lógica, informes incompletos o contradictorios, sistemas de seguimiento que nunca se pusieron en marcha, cifras que no cuadran…

Son algunos ejemplos del cúmulo de irregularidades que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en la ejecución en 2019 del Programa Nacional de Reconstrucción tras los sismos de 2017 y 2018, y para el cual el gobierno de Andrés Manuel López Obrador contó con un presupuesto que ascendió a los 8 mil millones de pesos.

El dinero estaba destinado para la reparación integral de viviendas, escuelas, hospitales y hasta monumentos históricos dañados o destruidos por los sismos, sin embargo, la pésima ejecución del programa denunciada por los auditores impidió, siquiera, conocer de forma confiable en que medida se ha avanzado y si ha habido un beneficio o no para los afectados.

En la base de las fallas está la nueva administración de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), ya que es la instancia a la que correspondía la correcta coordinación y seguimiento de los distintos entes y dependencias responsables de ejecutar los recursos del programa. De hecho, solo por esa coordinación la SEDATU ejerció un presupuesto de mas de 370 millones, pero su desempeño fue negativo, según la ASF.

“El desempeño de la SEDATU presentó deficiencias estratégicas y operativas como instancia coordinadora, lo que implicó que no acreditará la evidencia que posibilitara tener la certeza de la atención de los 37 mil 218 bienes identificados como afectados, ni de su avance físico y financiero y, por tanto, garantizar que la aplicación de los recursos económicos asignados al programa de reconstrucción se administraran cumpliendo con los principios de eficiencia, eficacia y economía”, concluyeron los auditores.

La ASF evaluó a través de siete auditorías de desempeño las distintas vertientes que cubre el Programa Nacional de Reconstrucción. La conclusión unánime en todas es que el trabajo fue opaco, descontrolado y en términos generales deficiente. A continuación, Animal Político presenta el resumen de los resultados en las tres principales áreas de cobertura:

Vivienda: cobertura corta y dudosa

En 2019 se destinaron 5 mil 240 millones de pesos para la atención de las viviendas afectadas por los sismos. La ejecución estuvo a cargo de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI). El objetivo era apoyar en la reconstrucción o reparación de 180 mil 545 viviendas en más de una decena de entidades, situación que estuvo lejos de cumplirse.

De entrada, los auditores detectaron que no hay evidencia documental que permita realmente identificar con precisión el universo completo de las viviendas a atender, ni un plan general para llevarlo a cabo. Al final, se reportó solo identificación y entrega de 36 mil 495 subsidios, casi la quinta parte del universo objetivos.

Pero ni la atención y seguimiento de lo que sí se entregó se realizó de manera adecuada pues la carencia de controles y procedimientos rigurosos ocurrió desde el momento mismo de entregar el dinero, de lo que no hay constancia. A partir de ahí se puso en riesgo la cobertura completa del programa.

“Aunque la CONAVI informó que se ministraron los recursos no se acreditó su entrega ni la documentación que lo sustente, tampoco comprobó contar con una calendarización para la ejecución de los subsidios que sirviera como una base para el control en la ejecución de los recursos del programa para el mejor cumplimiento de sus objetivos, sin que justificara las causas de esas deficiencias”, indica el informe de los auditores.

Aunado a ello se identificaron discrepancias entre distintos registros internos entregados por la entidad responsable de la ejecución, algunos de ellos basados mas en estimaciones que en un seguimiento real en terreno, así como carencias de una metodología adecuada y un diseño del programa solido. Desde el punto de vista de los auditores, eso le resta confiabilidad a los datos aportados.

“Al carecer de la evidencia documental no acreditó en qué medida esas personas afectadas tuvieron acceso a viviendas habitables, seguras estructuralmente y adecuadas, conforme a los objetivos del programa, lo cual representó un riesgo de que el programa no repercutiera en la atención de los afectados por esos desastres naturales”, concluyó la ASF.

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