Las decisiones del Gobierno de Donald Trump para más inversión y empleo implican reconocimiento explícito de contradicciones de la globalización como modelo de acumulación a gran escala con mínimas barreras y regulaciones, cuya base de mínimo costo y máximo beneficio a nivel global tendencialmente redujo los salarios y las oportunidades de empleo bien remunerado, además de enfrentar desequilibrios agudos por movilidad vertiginosa de capital bursátil (por cada dólar que se invierte en producción y comercialización, se invierten ocho dólares en bolsas de valores en el mundo).

Desde esta perspectiva el modelo de liberalización comercial y financiero no asigna los recursos eficientemente ni de manera equitativa, sino más bien favorece al capital, tal como se observan las variables de empleo que tendencialmente se reduce y de distribución del ingreso que agudiza la desigualdad en países desarrollados y subdesarrollados. Según la organización internacional Oxfam, 80 personas más ricas del mundo poseen igual riqueza que el 50% más pobre de la población total, cerca de 3 mil 500 millones de personas.

Ante la continuidad de la crisis de 2007-2009, los más de 62.5 millones de electores que votaron por Trump (por Clinton votaron más de 65.8 millones) apostaron por un cambio por lo menos gradual en la forma de hacer la política –o contra la clase política-, por la igualdad de oportunidades y porque la economía tenga una redirección e intervención estatal.  

Así, las primeras decisiones son para convocar a la inversión directa nueva y de retorno en territorio estadounidense, lo anterior ofreciendo desregulación –incluso medioambiental-; estímulos fiscales; se anunció el incremento del gasto público en infraestructura productiva; además se  prevén restricciones y aranceles a determinadas importaciones; por otra parte se intensificaron las deportaciones de migrantes ilegales (aún sin historial delictivo), incluso de estudiantes o “dreamers”; entre otras decisiones.

Pero no todo puede resultar positivo en la estrategia. En principio la reducción de la carga fiscal a empresas generaría empleo (retorno o nueva inversión), ingreso y por ende incremento de demanda agregada; con esta estrategia para dinamizar la demanda tendería a incrementarse la recaudación por renta empresarial y por consumo. El asunto es si dicha recaudación compensará la reducción por estímulos fiscales, de no ser así los planes de obra pública, también como efecto multiplicador, se financiarían con emisión o con deuda, con exceso de liquidez.

Dado lo anterior, es muy probable que el nivel de precios tienda a elevarse, por eso la Reserva Federal anunció que en este año las tasas de interés se incrementarán mínimo en dos ocasiones, lo que las situaría alrededor de 1.25%. Esta alza inhibiría la inversión directa afectando en algún porcentaje la contratación, lo que provocaría el efecto contrario al esperado por el impulso de la demanda agregada.

Otro fenómeno que se pudiera presentar es que un eventual retorno de capital o nuevas inversiones se instalarían con innovación tecnológica que desplaza mano de obra y por tanto no se contrataría el empleo esperado. Positivamente esto sería menor ingreso agregado que presionaría menos el alza de precios, pero el desempleo no se reduciría considerablemente.

Migrantes mexicanos legales e ilegales y su descendencia (33.5 millones) aportan entre cuatro y ocho por ciento del PIB del país norteño, sobre todo en actividades agropecuarias, en servicios de alojamiento, alimentos y comercio, manufactura no duradera y construcción –es decir menor participación en la industria-, y si su trabajo se suple por ciudadanos estadounidenses su retribución mayor incrementará los costos y se presionaría la inflación, así se incrementaría más la tasa de interés.

La agresividad de Trump hacia México ha influido en la depreciación en más del 18% en tres meses, lo que colateralmente ha debilitado considerablemente el mercado en la franja sur estadounidense. Esto ya indica que la apuesta económica trumpiana no será miel sobre hojuelas.