Una de las discusiones más relevantes que se han registrado en México en los últimos años es la relativa a la despenalización del consumo de la mariguana con fines lúdicos, circunstancia que implica regular también su producción, transporte y comercialización.

El debate ha implicado ventilar los muchos y buenos argumentos que existen a favor y en contra de este hecho pero, sobre todo, considerar las implicaciones reales que tiene el consumo de las drogas en nuestra sociedad.

Es importante precisar, desde luego, que el debate sobre la liberalización del consumo de la mariguana demanda una discusión más amplia sobre el uso de sustancias psicotrópicas en general y los nocivos efectos que tiene en la salud y en la seguridad públicas.

En este sentido es necesario señalar que el consumo de mariguana constituye, en la mayor parte de los casos, la puerta de entrada al mundo de las drogas y que, de acuerdo con múltiples estudios, quienes hoy consumen alguna de las denominadas “drogas duras” reconocen haber comenzado con aquella.

El comentario viene al caso porque, como reportamos en esta edición, de acuerdo con datos del Inegi, el número de hechos ilícitos relacionados con sustancias prohibidas ha crecido de forma importante entre 2017 y 2019 y, en el caso de Coahuila, dicho número casi se ha duplicado en el periodo citado.

Las estadísticas del Inegi muestran que en 2017 se registraron en la entidad 154.1 delitos relacionados con drogas por cada 100 mil adultos, y 74.5 por cada 100 mil adolescentes, mientras que en 2019 esa cifra se elevó a 391 casos por 100 mil adultos y 124 en el caso de adolescentes.

Tales números ubican a Coahuila como la tercera entidad del País con mayor incidencia de este fenómeno y constituyen, sin lugar a dudas, un indicador preocupante que debe conducir al diseño e implementación de políticas públicas orientadas a contenerlo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado su posición en el sentido de que la libertad personal incluye la posibilidad de consumir sustancias que son dañinas, como es el caso de la mariguana, y eso nos coloca en la necesidad de regular de forma adecuada su producción y consumo.

Paralelamente, sin embargo, debe considerarse el hecho de que el uso de drogas constituye un problema de seguridad pública y que en el proceso de regular el libre consumo de alguna de ellas no puede limitarse sólo a establecer normas, sino que debe incluir la creación de un soporte institucional que se haga cargo de vigilar los efectos nocivos que tal hecho implica.

Ya hemos superado el punto en el cual la discusión se limitaba a señalar la conveniencia o inconveniencia de legalizar el consumo de la mariguana. Lo que toca ahora es hacernos cargo de las consecuencias materiales que el levantamiento de la prohibición tiene y que no son una especulación sino una realidad tangible reflejada en las estadísticas que están a la vista de todos.