Dos casos, dos tragedias, dos pendientes, dos casos de abuso, dos casos de impunidad. Se trata del caso de la lagunera Mónica Esparza y de la masacre de Allende.

En la semana, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez informó que el Primer Tribunal Unitario de Coahuila había confirmado la sentencia absolutoria a Mónica Esparza, la coahuilense sobreviviente de tortura sexual.

El caso de Mónica Esparza ha sido emblemático a nivel nacional, pues fue detenida el 12 de febrero de 2013 en Torreón por elementos de la policía local mientras viajaba con su pareja y su hermano. Mónica y su familia fueron llevadas a la Dirección de Seguridad Pública, donde los torturaron de manera brutal. Mónica fue torturada sexualmente y su pareja murió frente a ella.

Mónica y su hermano fueron trasladados a la Ciudad de México donde en las oficinas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) fueron amenazados para firmar una confesión de delitos. Fueron acusados de Secuestro y Posesión de Armas de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en el Juzgado Primero de Distrito en la Laguna.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó el caso desde los primeros días en que sucedió y el 13 de abril de 2016 emitió la Recomendación 15/2016. El día 12 de marzo de 2020, el juez federal Yuri Alí Ronquillo Vélez, reconoció la inocencia de Mónica Esparza y ordenó su libertad. Sin embargo, increíblemente la Fiscalía General de la República (FGR) presentó un recurso de apelación alegando que las pruebas obtenidas bajo tortura son válidas bajo “ciertas excepciones”. El 26 de enero de 2021, el Primer Tribunal Unitario de Coahuila confirmó la sentencia absolutoria, reiterando el rechazo total a las pruebas derivadas de las graves violaciones a los derechos de Mónica. La misma se confirmó e hizo efectiva en los últimos días.

También en la semana se cumplieron 10 años de una de las quizás más atroces masacres: la de Allende. La tarde del 18 de marzo de 2011, una caravana de al menos 40 camionetas con decenas de pistoleros a bordo entraron al municipio, cerraron los accesos a la carretera como los dueños que eran. Comenzaron a derribar puertas, matar gente, desaparecerlas. Hombres, ancianos, mujeres, niños. Todos eran lo mismo.

Según el informe “En el desamparo” del Colegio de México —que recoge documentos oficiales y testimonios—, el fin de semana del 18 al 20 de marzo de 2011, los Zetas atacaron 32 casas y siete ranchos de Allende, con la finalidad de vengarse de Alfonso “Poncho” Cuéllar, Héctor Moreno Villanueva y José Luis Garza, quienes supuestamente traicionaron a los líderes del grupo criminal de los Zetas y huyeron con entre 5 y 10 millones de dólares producto de las ganancias por el trasiego de droga.

AL TIRO

Las similitudes en ambos casos son principalmente la omisión y/o participación de las autoridades: en el caso de Mónica, las corporaciones policiacas fueron las perpetradoras. La detención arbitraria, los abusos y torturas; la tortura para confesar, la acusación falsa.

En el caso de Allende, es imposible pensar que una masacre que llevó días pueda transcurrir sin el conocimiento de las autoridades de gobierno y seguridad. Es impensable. Callaron o participaron, y cualquiera de las dos los vuelve responsables.

La otra gran similitud es la impunidad. Mónica Esparza y su hermano están libres, pero quienes los torturaron y mandaron injustamente a la cárcel por tantos años, están libres y sin ningún proceso en contra.

En el caso de Allende, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado, hay dos sentencias condenatorias contra policías del pequeño municipio de Allende y otras órdenes pendientes. Sin embargo, ninguna es contra funcionarios de alto nivel: exgobernador, exsecretarios, exfiscales, excomandantes. Ninguno. Poco creíble que funcionarios de alto nivel del Estado no supieran.

En los dos casos hay cuentas pendientes. Es obligación de la ciudadanía mantener en la memoria ambas historias de dolor, injusticia e impunidad. Es obligación del Estado corregir y reparar el daño. Disculpas públicas no son suficientes. La cuenta pendiente es grande y es necesaria saldarla para creer que esos actos no volverán a suceder.