Dos grupos del crimen organizado, uno vinculado al cártel de Sinaloa y el otro a La Línea, practican la tala clandestina en dos regiones de la sierra Tarahumara y se hacen de recursos económicos por la venta ilegal de la madera obtenida, informó el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), César Augusto Peniche Espejel.

En los tres años recientes, la dependencia aseguró 10 aserraderos clandestinos y puso a disposición de la autoridad federal, por el delito de tala ilegal, a 15 personas. Además, nueve integrantes de ambos grupos han perdido la vida en los enfrentamientos que sostienen en su disputa por la madera. Aserraderos y conductores de camiones de madera legal reportan actos de intimidación y extorsión.

Un grupo criminal liderado por Eddy Zafiro Ibarra, El Zafiro, relacionado con el cártel de Sinaloa, opera en el municipio de Guachochi y las comunidades de Creel y Cusárare, alcaldía de Bocoyna, mientras otro dirigido por César Daniel Manjarrez Alonso, El H2, está vinculado al grupo La Línea y es responsable de la tala ilegal en los bosques de San Juanito, municipio de Bocoyna. Los rapamontes operan con impunidad ante lo inaccesible de la zona y el poco castigo al delito.

La Dirección de Desarrollo Forestal de gobierno del estado identifica al municipio de Bocoyna como uno de los más afectados por la explotación ilegal del bosque.

De 2014 a la fecha, señala en uno de sus reportes, sólo en la zona de San Juanito, municipio de Bocoyna, han sido taladas por el crimen organizado entre 13 mil y 15 mil hectáreas.

La tala ilegal incluye la apropiación de aserraderos para procesar la madera y venderla. A los propietarios de aserraderos legalmente establecidos se les extorsiona.

La mayor parte de la madera ilegal se extrae de ejidos que enfrentan conflictos agrarios, donde los límites de los terrenos no son claros, y de comunidades indígenas que están indefensas y demandan una estrategia de seguridad que enfrente a los narcotraficantes que operan en su territorio.

En diciembre pasado, comunidades indígenas de Bocoyna pidieron la intervención de Alejandro Encinas Rodríguez, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; además, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional Forestal ofrecieron diseñar un plan para reforestar y restaurar las áreas afectadas. A la fecha la etnia rarámuri sigue esperando respuesta y conocer la estrategia del gobierno federal para enfrentar la tala clandestina.

Los denunciantes alertan que en la sierra Tarahumara circulan al menos 200 camiones troceros, que sin permisos transportan madera y reciben protección de la delincuencia organizada, pese a múltiples denuncias presentadas ante la Semarnat y la fiscalía estatal.

Ejidatarios e indígenas piden que se investiguen las rutas de la madera extraída ilegalmente, desde los aserraderos hasta los puntos de venta, sancionar a toda la cadena delictiva y garantizar medidas de protección para quienes denuncian estas prácticas ilegales.