De acuerdo con información del Poder Judicial (PJ) y la Fiscalía General del Estado (FGE), a dos años de que se reveló el megafraude de 130 mil créditos de Infonavit maquilado desde Coahuila, no se han dictado sentencias ni procedimientos administrativos sancionatorios contra funcionarios o despachos jurídicos involucrados.

Vía transparencia, el PJ de Coahuila informó que, aunque se han iniciado procedimientos contra seis jueces y 13 secretarios –que fueron suspendidos con goce del 30 por ciento de su salario–, éstos no han derivado en ninguna resolución.

Las acciones administrativas, ordenadas por la Secretaría de Acuerdo y Trámite del Consejo de la Judicatura, recayeron en los expedientes A-106/2018, A-107/2018, A-108/2018, A-109/2019, A-110/2018, A-111/2018 y A-2/2019-PRESIDENCIA.

Dichos procedimientos, detalló el PJ, fueron iniciados contra órganos jurisdiccionales de los distritos judiciales de Torreón, Parras de la Fuente y Sabinas, así como la Oficialía de Partes de Torreón.

Los involucrados, apuntó, solicitaron juicios de amparo para que se les restituyera en su cargo, aunque éstos fueron negados. No obstante, aún faltan por emitirse algunas resoluciones en lo general.

“Por los motivos antes aludidos, la autoridad encargada de la instrucción de los procedimientos disciplinarios se encuentra impedida para resolver y, en su caso, imponer las sanciones conducentes, hasta en tanto se resuelvan los juicios de amparo en lo principal”, expuso.

EL ENTRAMADO SE INFORMÓ DESDE OCTUBRE DE 2018

El megafraude, en su capítulo Coahuila, se dio a conocer al Poder Judicial local en octubre de 2018, pero se hizo público con las suspensiones a jueces en diciembre de ese año, luego de destaparse un entramado similar en Nayarit.

La última información del Infonavit indica que a nivel nacional se cometieron fraudes con juicios masivos irregulares a 211 mil créditos de trabajadores de diferentes estados, quienes fueron despojados de sus viviendas, en algunos casos aunque ya estaban pagadas al 100 por ciento.

Ante esto, el instituto inició una auditoría en la que detectó malas prácticas de 18 despachos de cobranza, de los cuales a cuatro les rescindió el contrato y a otros 14 les abrió investigaciones. Sin embargo, aún no hay resultados de éstas, ni tampoco información sobre la participación de su personal en la red fraudulenta.

A los 18 despachos jurídicos también los indaga la Fiscalía Anticorrupción de Coahuila, pero ninguno de los expedientes ha culminado en la resolución de un juez. De acuerdo con esta instancia, el último avance ocurrió la semana antepasada, cuando fueron vinculadas a proceso dos personas más por el caso, por lo que ya serían nueve procesados en total. Con información de Javier Rodríguez Cura