Ciudad de México. La recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por el caso Tlatlaya, donde 22 civiles fueron muertos a manos de militares, permanece con un “cumplimiento parcial” por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR) y el gobierno del Estado de México.

Al cumplirse este jueves dos años de los hechos ocurridos en una bodega de ese municipio mexiquense, en los límites con el estado de Guerrero, el organismo nacional emitió un breve informe sobre el estado que guarda su recomendación emitida el 21 de octubre de 2014.

Sin presentar ningún otro cuestionamiento, la CNDH sólo exhortó a las tres autoridades recomendadas que prosigan en las investigaciones y determinen las probables responsabilidades en que incurrieron los servidores públicos.

Hay que recordar que en dicha recomendación, la misma Comisión Nacional sostiene que fueron ejecutadas arbitrariamente entre 12 y 15 personas de las 22 que murieron. En los últimos meses, los ocho militares detenidos por esos hechos han sido liberados por una orden judicial, bajo el alegato de que no se puede comprobar su participación.

En un breve informe de apenas siete puntos, informó que la Sedena atendió la medida cautelar emitida el 6 de julio de 2015, de utilizar un lenguaje que no se preste a confusiones o ambigüedades en las órdenes, directrices o instrucciones giradas a los militares.

Esto, luego de que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro presentara unos días antes de esa fecha, copia de la “orden de mando” recibida por los militares que la madrugada de ese 30 de junio realizaba acciones de vigilancia en Tlatlaya y municipios aledaños, y que decía textualmente: “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.