Tijuana, BC. Mayli acaba de cumplir nueve años y lleva poco más de dos meses en el albergue que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal tiene en Mexicali, capital del estado. Comparte habitación con siete niñas. También los piojos.

Un primo de su padre la agredió sexualmente en su casa de la colonia Primero de Diciembre. Aunque la autoridad reconoce que la patria potestad es de los padres, retiene a la pequeña porque considera que incurrieron en omisión de cuidados y deberán superar varias pruebas sicológicas y económicas para recuperar a su hija.

Los padres, Neftalí y Mariana, dejaron su pueblo, Llano Crucero, en Santo Domingo Tepuxtepec, Oaxaca, en busca de mejores condiciones de vida en Baja California. Mixes, dicen que se han esforzado en que su hija, quien llegó acá de tres años, hable su lengua.

En el proceso por recuperarla, acudieron a los medios y abrieron las puertas de su casa para mostrar que no padecía descuido. Él trabaja de jardinero y ella en la limpieza doméstica.

Lee: Investigan supuesto rapto y abuso a una niña de siete años en Saltillo

Aunque su papá presentó la denuncia penal 41050/2015 al enterarse de la agresión a su hija, fue en la escuela donde la niña, quien cursa tercero de primaria, confió a una compañera lo ocurrido y ésta a su vez lo hizo saber a su maestra.

El pasado 18 de septiembre la pequeña fue interrogada durante cuatro horas por personal de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Al terminar fue apartada de su familia para quedar bajo custodia del DIF Estatal.

Fue internada en la casa hogar Villa de los Niños, donde por seis días no supo la causa de su reclusión hasta que volvió a ver a sus padres. ¿Por qué me trajiste aquí? Me voy a portar bien. No me dejes, dijo la niña a su papá, refiere él.

El 11 de octubre Mayli cumplió nueve años y sus padres no pudieron estar con ella. Las autoridades tampoco permitieron que le dejaran un regalo porque va contra la normativa.

Su padre denunció que la pequeña se llenó de piojos en el albergue y que la bañan con agua fría (el clima de Mexicali es extremoso y ya empezó el frío), y cuando la niña se quejó le dijeron que era para matar los piojos.

Ante las denuncias por la deficiente atención que recibe en el albergue, organismos de derechos humanos y el Colegio de Abogados de Mexicali tomaron el caso. Sandra Esquer, directora de Pro Derechos Humanos, dijo que la menor es tratada como si fuese la imputada por un delito.

Además, la perita Teresita Muñoz, adscrita a la Unidad de Delitos Sexuales de la PGJE, reconoce en su diagnóstico que la niña presenta una marcada limitación para comprender el idioma español.

Hernán López, del Colegio de Abogados de Mexicali, opinó que la PGJE manda un mensaje erróneo a la sociedad porque la gente tendrá miedo de denunciar estos casos, pues probablemente les quitarán a sus hijos.

Neftalí, de 26 años, en su deficiente español dice que él pudo haber arreglado este problema como en su pueblo, con un machete, pero quiso recurrir a las autoridades porque no desea ir a la cárcel y abandonar a su familia.

La esposa del gobernador y presidenta del patronato del DIF de Baja California, Brenda Ruacho, dijo que Mayli fue internada en el albergue porque regresar a su casa era riesgoso, según las evaluaciones del Ministerio Público.

En el domicilio donde vivía la niña residía el agresor; el padre se negó a presentar la denuncia (él mostró a los medios la denuncia), y aunque fue notificado de la situación refirió que no creía en el incidente, explicó Consuelo Luna, procuradora para la Defensa del Menor y la Familia del DIF estatal.

“Por eso –agregó– se consideró que no era apropiado regresar a la niña. También refieren que aun cuando el víctimario ya no vive en el domicilio, se encuentra a una cuadra y mantienen contacto con él.”

La funcionaria sostiene que la ley ordena realizar una valoración sicológica y estudios socioeconómicos antes de determinar el futuro de la menor. También dice que ninguna ley estatal aborda el tratamiento de personas de alguna comunidad indígena y que los padres de la menor en ningún momento manifestaron no poder comunicarse en español.