Diversos sentimientos de animadversión, indignación y sospecha ha generado el socavón del Paso Exprés, ubicado en la periferia de Cuernavaca, Morelos. Los obvios y más sentidos vienen directamente de la familia Mena Romero, por el incomprensible accidente en el que perdieron la vida padre e hijo, con la precipitación del automóvil en el que viajaban a temprana hora, para acudir a su jornada laboral. Más allá de las lluvias atípicas, se debe de investigar la inacción de las autoridades competentes. En lo personal, no creo que sea un asunto de cambio climático ni del estado del tiempo meteorológico.

En voz de la hija del señor Mena, escuchamos que lo único que piden es que se haga justicia, en favor de sus difuntos y de la familia agraviada. Si la connotación de la palabra justicia, tiene un significado real y se entiende en sentido amplio, claramente la familia, la sociedad y las instancias de control y supervisión del poder público, debemos de reclamar algo más que una indemnización económica, "por el mal rato que les hicieron pasar", tal como lo expresó el secretario de Comunicaciones.

Las evidentes omisiones que rodean el trágico accidente, son múltiples y pueden derivar en diversas acciones legales, que podría iniciar la familia Mena, una colectividad de ciudadanos, el gobierno del estado de Morelos o bien, a nivel federal las propias autoridades encargadas de llevar a cabo las auditorías de la ejecución de la obra, que en el ámbito de sus propias competencias, quedan reservadas para la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación. Lo anterior sin menoscabo de la actuación e investigación por presunta violación a derechos fundamentales que lleve a cabo la CNDH. También los legisladores podrían iniciar acciones procesales, pero en ese caso, da la impresión que tiene un fin de rentabilidad política, que poco o nada aporta a la demanda de justicia.

Por lo reportado en diversos medios de comunicación, hay claros actos de negligencia que pueden ser sancionados en distintas vías, de manera independiente o integral. La simple remoción de algunos servidores públicos menores no implica, en ningún sentido, resolver el problema legal que dejo el socavón, sobre todo en la parte de responsabilidades que pueden ser administrativas, civiles o penales, según sea el resultado que arrojen las auditorías en curso.

Me llama la atención, y mucho, que la SCT ofrece dar en los próximos días una explicación técnica de las causas que generaron el socavón, por medio de un estudio que habrá de realizar una prestigiada asociación de ingenieros. En términos legales, la única opinión que cuenta es la que tienen las instancias del Estado que están facultadas expresamente por la ley, para revisar la obra, los materiales empleados y todos los aspectos que conforman el trabajo de la ampliación al tramo carretero que se llevó a cabo en años recientes. En un asunto de esta magnitud, a nadie conviene un estudio, en donde se puede interpretar que se es juez y parte al mismo tiempo. Se requiere una investigación técnica, pero que sea también independiente, que nos permita aclarar cómo es que parcialmente se fueron por un hoyo, cerca de dos mil millones de pesos.

También, se podría conformar y atribuir un segundo acto de negligencia, por el retraso y lentitud con el que actuó la autoridad para rescatar a los señores Mena. Independientemente de la complicación que tuvieron para extraer el automóvil del socavón, habría que preguntar el tiempo que tardaron en llegar al lugar de los hechos con la maquinaria adecuada y las herramientas necesarias para el rescate.
En la antigua Atenas, todos los servidores públicos eran examinados por la actuación de sus responsabilidades públicas. En la asamblea, se decidía el futuro de los funcionarios negligentes e incompetentes. En las democracias modernas, se mantiene este principio, por medio de la rendición de cuentas y la división de Poderes. Buena oportunidad para valorar su vigencia.