El Tribunal Supremo de los Estados Unidos pareció hoy dividido ante los decretos migratorios del presidente Barack Obama, que los republicanos bloquean desde hace más de un año en los tribunales.

El Supremo, el máximo órgano judicial del país, escuchó hoy por primera vez los argumentos a favor y en contra de los decretos migratorios de Obama, que, de aprobarse, darían papeles temporales a cinco millones de inmigrantes indocumentados y la garantía de que durante tres años no serían deportados a sus países de origen.

La Corte está generalmente formada por nueve jueces, con cargos vitalicios, pero ahora hay uno menos, ya que el juez conservador Antonin Scalia falleció el 13 de febrero y todavía no ha sido confirmado por el Senado su sustituto.

Se espera que los jueces del Supremo tomen una decisión en junio.

Los magistrados deberán decidir si, como argumentan los republicanos, Obama se excedió en su poder ejecutivo al conceder papeles temporales a unos cinco millones de inmigrantes indocumentados. "Es un ejercicio de poder ejecutivo sin precedentes e ilegal", argumentó el procurador general de Texas, Scott Keller, ante el Supremo.

Los jueces también deberán pronunciarse sobre si el estado de Texas, que encabeza la demanda, tiene legitimidad para declararse en perjuicio por la regulación de indocumentados.

Texas y los otros 25 estados gobernados por republicanos que se han sumado a la demanda argumentan que en caso de que se implementen los decretos migrtorios se verían perjudicados, ya que deberían gastar millones de dólares para dar licencias de conducir a los indocumentados en los estados en los que viven.

El juez Anthony Kennedy, el juez centrista que suele desempatar las decisiones reñidas, pareció darle la razón a Texas, que considera que Obama rebasó su autoridad ejecutiva al anunciar los decretos migratorios.

"A mi me parece que es una tarea legislativa, no ejecutiva", dijo Kennedy. "Parece que el presidente está fijando la política y el Congreso, ejecutándola. Es el mundo al revés", añadió el magistrado.

Por su parte, la juez hispana Sonia Sotomayor pareció mostrarse a favor de los decretos de Obama. Recordó que 11 millones de indocumentados viven "en las sombras". "Están aquí, les queramos o no", recordó Sotomayor, de origen puertorriqueño.

Si el Supremo da la razón a Obama, cinco millones de indocumentados obtendrían un alivio temporal. Para su legalización definitiva tendrían que esperar a que el Congreso aprobara una reforma migratoria.

Si los jueces deciden en contra, sería un duro golpe para Obama y para los indocumentados, ya que los decretos no podrían implementarse. Su suerte estaría en manos del presidente y del Congreso que se forme tras las elecciones presidenciales de noviembre. Si gana un republicano, podría derogarlos.

El Supremo también puede emitir en junio un fallo dividido, es decir, cuatro jueces a favor y cuatro en contra, por lo que prevalecería la decisión del tribunal de menor instancia, en este caso el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, y los decretos migratorios de Obama seguirían bloqueados.

Ante la falta de una reforma migratoria por la negativa de los republicanos a someter a voto en la Cámara de Representantes el proyecto de ley aprobado por el Senado en junio de 2013, Obama anunció en noviembre de 2014 decretos migratorios.

Obama amplió el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) para jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, del que se han beneficiado hasta ahora 700.000 jóvenes. Y también anunció la Acción Diferida para Padres de Estadounidenses (DAPA), del que se beneficiarían inmigrantes indocumentados que han vivido en Estados Unidos más de cinco años y son padres de ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes.

Pero Texas y otros 25 estados gobernados por republicanos lo denunciaron en los tribunales. Estos 26 estados lograron que el juez Andrew Hanen, de Texas, bloqueara en febrero de 2015 la extensión de DACA y la puesta en marcha de DAPA.

El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, una de las cortes más conservadoras del país, mantuvo el bloqueo decretado por Hanen. Y la administración Obama recurrió ante el Supremo.