Saltillo, Coahuila.- La exigencia de pruebas de VIH/SIDA o certificado médico de infertilidad ya no serán un requisito para la adopción en Coahuila.

Tras siete años, la Ley de Adopciones y Acogimiento Familiar será modificada con el propósito de garantizar que niñas, niños y adolescentes sean incorporados a familias que les brinden una vida sana, digna y feliz, sin mayores requisitos que retrasen el proceso.

Entre las innovaciones de la iniciativa propuesta por el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, se estará abrogando el reglamento del proceso administrativo de adopciones que data del año 2013, así como la disminución de requisitos que no contribuían a determinar la idoneidad de los padres adoptantes, pero que si retrasan los procesos de adopción ocasionaban que muchos niños estuvieran por periodos prolongados en albergues.

Las reformas también plantean eliminar cualquier vestigio discriminatorio para que se asegure que lo más importante a la hora de adoptar es que se cumplan con los requisitos de idoneidad, asimismo se precisan términos respecto a la elaboración de los estudios que se realizan a los solicitantes y para la expedición del certificado de idoneidad y el inicio del procedimiento judicial de adopción.

Además, contemplan plazos para la revocación del consentimiento otorgado ante la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia con propósito de adopción, lo anterior a fin de brindar seguridad y certeza jurídica a las madres y padres biológicos, a los potenciales adoptantes y en particular a las niñas, niños y adolescentes susceptibles de adopción.

En esta ley también se amplían las atribuciones del Consejo técnico de adopciones, sumando, por ejemplo la facultad de conocer las solicitudes de adopción y emitir opinión al respecto, así como facultades relativas a la certificación y capacitación de las personas solicitantes de constituirse como familia de acogida. 

Otro aspecto importante es que en la iniciativa se incorporan como integrantes de este consejo a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y un representante del Poder Legislativo.

Expuesto lo anterior, esta nueva ley tiene como finalidad definir claramente las funciones y atribuciones de los actores involucrados en procesos de protección e inclusión de niñas, niños y adolescentes en una familia, pero sobre todo se pretende garantizar que niñas, niños y adolescentes sean incorporados a familias que les brinden una vida sana, digna y feliz, para su desarrollo integral.