El Padrón Único de Proveedores, que agrupe a las empresas que le venden y dan servicios a los municipios y al Gobierno Estatal, sería un primer paso para dar a los ciudadanos una mayor certeza del gasto, porque se podría incluir también un listado de obras y hasta conocer cuáles proveedores están en la lista negra del Sistema de Administración Tributaria (SAT) por incumplimiento en el pago de impuestos.

VANGUARDIA dio a conocer que igual que entidades como Aguascalientes y Guanajuato, Coahuila y sus municipios podrían tener un padrón único de proveedores para homologar la contratación y venta de servicios y bienes a la administración pública, de acuerdo con una propuesta del Sistema Estatal Anticorrupción.

Marco Zamarripa González, director del Consejo Cívico de las Instituciones en La Laguna, explicó que algo similar había propuesto desde hace tiempo el Consejo a su cargo y organizaciones de la sociedad civil para detener la corrupción en compras y contratos de obra pública.

“Esto se alinea un poco con lo que nosotros en su momento estuvimos solicitando como propuesta, porque no hay registros únicos ni de padrones de proveedores, ni de obras públicas estatales y municipales en donde cualquier ciudadano pueda tener acceso y consultar el origen de los recursos, a qué empresas se asigna, los montos que se erogan e incluso los contratos que se celebran de bienes y servicios”, señaló.

Zamarripa se pronunció también para que exista a la par del Registro Único de Proveedores, un listado de obra pública estatal y municipal, porque no se cuenta una sistematización para consultar el origen de los recursos que se invierten, los contratos de obra y los avances que llevan cada obra en la entidad.

“Más allá de poner candados a los proveedores por situaciones que puedan prestarse a que sean fantasmas, también en lo que insistimos es que exista certeza y transparencia para que cualquier ciudadano pueda consultar e informarse sobre cómo son utilizados los recursos públicos”, explicó.

Además se propone que exista una vinculación con la base de datos del SAT a fin de conocer a los pro-veedores que están en la lista de las empresas que adeudan impuestos, porque representaría un riesgo celebrar contratos con una compañía que no está al corriente en sus pagos.