Uno de los retos más importantes para cualquier sociedad democrática moderna lo constituye la atención a las personas que sufren alguna discapacidad, independientemente de si esta es una característica que ha acompañado al individuo toda su vida o es producto de un accidente.

Ofrecer a quienes se encuentran en una situación de desventaja material contra el resto de las personas es un desafío monumental porque, aún con todas las políticas de inclusión que se han desarrollado en las últimas décadas, el mundo sigue estando diseñado para la “gente normal”, es decir, para quienes gozan de todas sus habilidades físicas y cognitivas.

Tal situación resulta aún más evidente en países como el nuestro, en donde las personas con discapacidad han sido vistas históricamente como individuos incapaces de desarrollarse por su cuenta e incluso como una “carga” de la cual deben hacerse cargo, en exclusiva, sus familias.

Y es que, además, adecuar el mundo para que una persona invidente, o una que no escucha, o quien padece un problema motriz o nació con una condición neurológica particular pueda desenvolver por sí sola, demanda inversiones importantes –y constantes– que difícilmente son priorizadas por los gobiernos de todos los órdenes y orígenes partidistas.

Así las cosas, el establecimiento de un “piso parejo” que permita desarrollarse a quienes tienen en contra el hándicap de una discapacidad constituye uno de los saldos negativos más evidentes de nuestras sociedades. Un saldo que nadie parece interesado en reducir.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo a la muy escasa atención que el Gobierno de la República está dando a las personas con discapacidad a través de sus programas sociales.

Y es que de acuerdo con cifras de la Secretaría del Bienestar, el principal programa que dicha dependencia administra a favor de este grupo poblacional es la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, pero esta no llega ni siquiera al 10 por ciento de quienes la necesitan.

Pero no sólo eso. Además de la desprotección en que se encuentra el 90 por ciento de los 10.24 millones de personas con discapacidad que, de acuerdo con el Inegi, viven en México, el Gobierno de la República ha disminuido los recursos con los cuales se financiaban programas para ayudarles a conseguir un empleo con salario digno, asistir a la escuela, realizar algún tipo de deporte, facilitar su movilidad en el país y erradicar la discriminación en su contra.

De esta forma, millones de individuos, que de entrada ya enfrentan una realidad adversa para adaptarse a un entorno que no está diseñado para ellos, se ven condenados a una doble marginación porque no existen políticas públicas inteligentemente pensadas para ayudarles a reducir la brecha que les separa del resto de la población.

Todos podemos y debemos hacer algo al respecto, pero la obligación fundamental es del sector público que debe liderar el esfuerzo para hacer de nuestra sociedad una verdaderamente inclusiva. Por lo pronto, la actual administración federal está fallando en ese propósito, exactamente de la misma forma que han fallado todas las anteriores.