La Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados perfila desechar por improcedentes 60 demandas de juicio político, entre ellas nueve presentadas contra ex funcionarios actualmente fallecidos como Juan Camilo Mouriño, Francisco Blake, Juan Molinar y Alonso Lujambio.

De hacerlo, los expedientes seguirán la misma ruta que los 109 casos cerrados el pasado 1 de marzo. Con ello, quedarían pendientes de resolver 195 de los 364 recursos interpuestos desde 2003 a la fecha.

Los legisladores integrantes de la Subcomisión de Examen Previo, copresidida por los priistas Mercedes Aguilar y Álvaro Ibarra, están citados a sesionar el próximo 22 de marzo para analizar y dictaminar el segundo bloque de demandas de juicio político.

El perredista Rafael Hernández Soriano, secretario de la subcomisión, precisó que esos casos corresponden en su mayoría a ex funcionarios del ámbito local no sujetos de juicio político.

Instó, sin embargo, a los legisladores de las diversas fracciones parlamentarias a revisar exhaustivamente caso por caso para verificar si en alguno de ellos se configura la desviación de recursos públicos federales o la de violaciones graves a la Constitución Política.

"Hay nueve funcionarios que ya fallecieron, que están señalados, pues hay que desecharlos, no vamos a hacerles juicio celestial, y también que de los restantes 51 veamos cuáles son señalados por desvío, malversación de recursos federales o en el caso de otra hipótesis que señala el 110 por violaciones a la Constitución, y si alguno de estos 51 tuvieran alguna de estas dos circunstancias, sí pueden ser sujetos", explicó Hernández Soriano.

En entrevista, el perredista insistió en la necesidad de que la Subcomisión de Examen Previo inicie ya el análisis de las demandas de juicio político que no han prescrito y en las que los imputados pueden ser todavía sujetos al proceso.

Lo anterior para evitar que transcurra el tiempo y venzan los plazos legales para eventualmente iniciar los juicios políticos pendientes.

"No vayan a querer patear el bote y el próximo año nos digan 'fíjate que queríamos enjuiciarlos, pero ya no es tiempo', pues le han querido dar la vuelta, no veo disposición", dijo Hernández Soriano.

Entre los funcionarios y ex funcionarios enlistados en las 60 demandas por desechar destacan Miguel Ángel Mancera y Bernardo Bátiz, señalados por presuntas violaciones constitucionales durante sus respectivas gestiones como procuradores de justicia de la Ciudad de México.