El Congreso de Tamaulipas es uno de los más económicos del país, con un presupuesto anual de 140 millones 278 mil pesos para 2016. No obstante, el ingreso de un diputado tamaulipeco asciende a 75 mil 871 pesos mensuales, es decir, 2.7 millones 700 mil pesos al mes por todos los legisladores; además, contempla seguro de vida, de gastos médicos mayores, canasta básica, apoyo para becas de capacitación y viáticos.

La 62 legislatura de Tamaulipas se conforma por 36 diputados: 19 del PRI, nueve del PAN, tres de Nueva Alianza, dos sin partido que desertaron del PAN y Movimiento Ciudadano, además de un legislador del PRD, PT y PVEM. 

Según el portal de transparencia, los diputados tienen un sueldo mensual de 13 mil 31 pesos, una dieta de 31 mil 420 pesos y un apoyo a la gestoría legislativa por 31 mil 420 pesos, para un total de 75 mil 871 pesos al mes.

Además, tienen entre sus prestaciones 359 pesos por mes para canasta básica, 778 pesos para capacitación y becas, así como aguinaldo que se entrega por un monto de 30 días de sueldo en la primera quincena de julio, y otros 30 días de sueldo, dietas y apoyo a gestorías legislativas en la primera quincena de diciembre.

Se les otorga prima vacacional de 2 mil 602 pesos por periodo vacacional, una en julio y la otra en diciembre. 

Cada legislador también recibe un seguro de gastos médicos mayores, y un seguro de vida, de acuerdo con el artículo 67 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado de Tamaulipas.

Al servicio de los diputados hay 207 empleados que van desde un secretario general, siete titulares de unidad, 18 jefes de departamento, 11 plazas entre secretario particular, jefe de unidad, responsable de área y asesor; 10 de personal de apoyo técnico, 80 de personal operativo de apoyo parlamentario, 50 entre personal operativo administrativo y 30 de personal operativo.

El presupuesto que ejercerá en 2016 la actual legislatura tamaulipeca es de 140 millones 278 mil pesos, sin incluir 76 millones 328 mil pesos que corresponden a la Auditoría Superior del Estado, es uno de los más bajos del país, no obstante los elevados ingresos de los diputados y personal de apoyo.

Si se divide el presupuesto de 140 millones 278 mil pesos entre una población de 3 millones 441 mil 698 habitantes, según el censo 2015 del Inegi, el costo anual del Congreso local por habitante representa 40.75 pesos.La economía tamaulipeca es la undécima por su tamaño entre las entidades y aporta 3% del PIB del país. 

Del presupuesto de la legislatura local, se destinará este año 86.69% (casi nueve de cada 10 pesos) a servicios personales, es decir, a nómina para los diputados y personal a su servicio; 7.17% a servicios generales, 5.20% a materiales y suministros, y 0.93% a bienes muebles e inmuebles personales.

Asimismo, del rubro de servicios personales se destinará 22.32% a dietas, 20.61% a compensaciones, 18.05% en sueldos base a personal permanente, 12.44% para estímulos, y para primas de vacaciones y dominical, además de gratificación de año 12.09%.

En prestaciones contractuales se aplicará 4.43%, aportaciones de seguridad social 4.22%, otras prestaciones sociales y económicas 1.61%, a prestaciones y haberes de retiro 1.57%, a primas por años de servicios prestados 1.39%, apoyos a la capacitación de los servidores públicos 1.1% y a otros rubros 1.69%.

Por lo que se refiere a la partida de servicios generales, se aplicará a energía eléctrica 16.15%, a gastos de orden social y cultural 11.78%, otros servicios generales 11.36%, arrendamiento de mobiliarios y equipo de administración educacional y recreativo 11.2%, pasajes aéreos 7.57%, difusión por radio, televisión y otros medios 7.27% 

A servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados se dedicará 6.56%, telefonía tradicional 4.42%, servicios postales y telegráficos 3.44%, servicios de capacitación 2.42%, otros servicios de información 2.38%, reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2.3%, y viáticos 2.02%. 

En abril, el Congreso local aprobó la Ley de Transparencia que sanciona con 300 hasta 2 mil 500 días de salario mínimo a servidores públicos que incurran en falta de respuesta a solicitudes de información; actúen con negligencia y no difundan la información relativa a las obligaciones.