Diputados de seis partidos, de las nueve fuerzas políticas que integran el Congreso de Morelos, denunciaron ante la Fiscalía General al alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, por el presunto uso de recursos públicos en actividades privadas, al tiempo en que exigieron se investigue al munícipe para que caso de que sea responsable, se inicie el procedimiento para separarlo de cargo.

De acuerdo con la denuncia SC01/9182/2016, iniciada por los legisladores del PAN, PRI, PRD, Panal, Movimiento Ciudadano y el PVEM, Blanco incurrió en el uso de recursos económicos y humanos del Ayuntamiento de Cuernavaca para solventar su defensa en un asunto de carácter personal, como el contrato que por 7 millones de pesos que firmó para ser candidato del local Partido Social Demócrata (PSD) a la presidencia municipal.

"Venimos a presentar formal denuncia, por hechos que consideramos pueden ser constitutivos de delito o delitos que resulten cometidos en agravio de la sociedad, para que de considerarlo así, previa investigación que realice la Fiscalía, se ejercite la acción penal y/o formule imputación contra Cuauhtémoc Blanco, y quien resulte responsable", se lee en la primera página de la denuncia de la que MILENIO tiene una copia.

En agosto, Blanco interpuso una denuncia para asegurar que el contrato es falso y que su firma fue falsificada por su ex secretario de Gobierno municipal, Roberto Yáñez Moreno, al tiempo de señalar al legislador del PSD y hermano del ex funcionario, el diputado Julio Yáñez Moreno, de ser parte de un complot en el que lo amenazaron y extorsionaron, según la misma denuncia.

El texto de la querella presentada por los legisladores de Morelos, Carlos Alaniz Romero, Norma Alicia Popoca Sotelo, Alberto Mojica Linares y Víctor Caballero del PAN; Mario Chávez Ortega y Francisco Moreno Merino del PRI; Francisco Santillán Arredondo de Nueva Alianza, Javier Estrada González del Verde Ecologista, Jaime Álvarez Cisneros de Movimiento Ciudadano, Edwin Brito del PRD y por la presidenta del Poder Legislativo local, Beatriz Vicera Alatriste, militante priista, indica que Blanco ha usado recursos oficiales para cuestiones personales.

Acusan a Blanco de usar dinero público cuando permitió que sus secretarios de asuntos jurídicos, Guillermo Arroyo Cruz –hoy secretario general del Ayuntamiento- y José de Jesús Guizar formaran parte de la denuncia inicial como sus asesores jurídicos, y un segundo momento, cuando nombró al abogado, Pedro Martínez Bello como su nuevo soporte jurídico, una vez que destituyó de la denuncia a los dos primeros.

En ambos casos, señalan, Blanco habría incurrido en violaciones legales debido a que el contrato es un asunto de carácter personal y no oficial, por lo que no puede utilizar los recursos oficiales, según la ley orgánica municipal y la ley de responsabilidades de los servidores públicos. El contrato es de fecha previa a que Blanco tomara posesión como gobernante.

En la querella, los legisladores afirman que Blanco no puede continuar desviando recursos públicos para su defensa legal, por lo que urgieron a que el ex futbolista solicite de forma inmediata licencia al cargo.