Pese a las advertencias de la oposición sobre el riesgo de discriminar, estigmatizar y vulnerar los derechos humanos de las personas con adicciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría las reformas a la Ley General de Salud para dar carácter prioritario a la salud mental y el tratamiento de adicciones. Avalado en lo general con 305 votos a favor, 158 en contra y seis abstenciones, el proyecto establece que el Estado garantizará el acceso universal, igualitario y equitativo a la atención de la salud mental y adicciones a las personas en el territorio nacional.

“Toda persona tendrá derecho a gozar del más alto nivel posible de salud mental, sin discriminación”, señala el dictamen. Las reformas aprobadas y turnadas al Senado de la República para su análisis y ratificación prevén que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud deberán brindar acceso a los servicios de atención de salud mental y adicciones cumpliendo los principios de cercanía, respeto a la dignidad y a los derechos humanos de la persona, así como erradicación de estigmas y estereotipos.

Al fundamentar el dictamen, la legisladora morenista Carmen Medel, presidenta de la Comisión de Salud, afirmó que las reformas buscan fortalecer la atención a los pacientes con enfermedades mentales y adicciones mediante tratamientos respetuosos de su dignidad y derechos humanos.

No obstante, al fijar la posición del PAN, el diputado Éctor Jaime Ramírez acusó a la mayoría parlamentaria de ignorar las voces de especialistas de organizaciones y colectivos, en perjuicio de quienes sufrirán las consecuencias de la reforma. “Me refiero a miles de mexicanas y mexicanos que en algún momento de vulnerabilidad en sus vidas presentan algún problema de salud mental, y de otros cientos de miles que sufren adicción, porque los van a encasillar a tener un trato que los estigmatiza, los discrimina y sin lugar a duda vulnerará sus derechos humanos”, alertó.

La priista Frinné Azuara sostuvo a su vez que la reforma abriría la puerta a la violación de los derechos de las personas con padecimientos de salud mental o adicciones. “El combate a las adicciones debe privilegiar la implementación de medidas de prevención, no de reclusión. Todas las personas somos proclives de padecer una adicción, por lo tanto, de aprobarse esta iniciativa todos estaríamos en riesgo de que nuestra libertad y derechos humanos sean vulnerados”, acusó. La diputada Martha Tagle, de MC, sostuvo que la incorporación de las adicciones al capítulo de salud mental estigmatiza y discrimina.

“Lo anterior, es particularmente grave en el contexto de la pandemia por covid-19, donde el duelo, el aislamiento, la pérdida de ingresos, el miedo, son situaciones que desencadenan problemas de salud mental, o bien, agravan las ya existentes, como ocurre con el aumento del consumo del alcohol y las drogas, así como el insomnio y la ansiedad”.

Por el PRD, la legisladora Verónica Juárez afirmó que la reforma estigmatiza, discrimina y violenta a las personas con uso problemático de sustancias, además de establecer la “grave posibilidad" de privar de la libertad a las personas que sufren trastorno mental o tienen problemas con el uso de sustancias psicotrópicas a través de internamiento sin su consentimiento.