La Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular los artículos no reservados del dictamen de la Ley Federal de Derechos (LFD), con 263 votos a favor, 130 en contra y tres abstenciones.

Los artículos reservados de esta ley serán discutidos este martes 20 de octubre, al igual que la Miscelánea Fiscal y la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para 2021, las cuales aún deben ser dictaminadas por la Comisión de Hacienda y Crédito Público para ser votadas en el Pleno.

De acuerdo con la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) 2021, se espera que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador obtenga 42,267 millones de pesos a través del cobro de derechos. Estos ingresos apenas representarán 0.67% de los ingresos totales que se prevén en la ILIF 2021, de 6 billones 295,736 millones de pesos.  

Entre los artículos reservados de la Ley Federal de Derechos está el 244-G, el cual se modificó en el dictamen de la Comisión respecto a la propuesta del Ejecutivo. Este artículo se refiere a las cuotas que se cobran por el uso de espectro radioeléctrico, las cuales tendrán un incremento menor a lo propuesto, ello tras las críticas y advertencias de algunas organizaciones y especialistas.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) fue una de las instituciones que advirtió sobre el impacto de esta propuesta, al referir que “inhibiría la entrada de nuevos competidores al tener que pagar altos montos por los derechos anuales, independientemente del pago de la contraprestación que se obtenga del proceso de licitación correspondiente, y reforzaría la asimetría que existe en el mercado”.

Explicó que, a diferencia de la propuesta para reducir los montos de los derechos presentada por el IFT, se incluyó incremento de 48% en dos de las bandas móviles (800 y 850 MHz), mantuvo sin cambios (más allá de la inflación) tres de las bandas (AWS, PCS y 2.5 GHz) y propuso valores 186% superiores a los propuestos por el IFT para tres bandas hoy no tasadas en la LFD (600 MHz, Banda L y 3.3 a 3.6 GHz, las cuales son propicias para el despliegue de los nuevos servicios de quinta generación o 5G).

Adicionalmente, la propuesta de la Secretaría de Hacienda consiste en que 80.5% del valor total de cada banda corresponda a los derechos anuales y que sólo el 19.5% corresponda al pago de la contraprestación por el otorgamiento de la concesión (o prórroga), cuando la media internacional resulta en que sólo el 30% del valor total de una banda de espectro radioeléctrico corresponde a los pagos anuales y el 70% restante a la contraprestación por el otorgamiento de la concesión.

Estos costos, agregó, promueven la devolución de espectro al Estado (como ya ocurrió con AT&T y con todo el espectro de Telefónica para servicios móviles), ponen en riesgo el despliegue de infraestructura y las inversiones para los nuevos servicios de quinta generación (5G), limitan las mejoras en cobertura y calidad de los servicios y, potencialmente, podrían implicar incrementos en los precios de los servicios para los usuarios finales.