El problema de la corrupción debería sancionarse con inhabilitar a los funcionarios e impedir que vuelvan a laborar en el servicio público, dijo el diputado Édgar Sánchez Garza.

El legislador local promovió ante el Congreso del Estado la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Coahuila, con la finalidad de impedir que los servidores públicos que resulten inhabilitados o sancionados por un acto de corrupción, regresen a trabajar en el servicio público estatal o municipal.

“Como ejemplo de la corrupción en Coahuila, tenemos recientemente el caso del extesorero Javier Villarreal, donde se falsificaron decretos del propio Congreso del Estado, sin que hasta la fecha de igual manera haya sanción alguna para esta persona, a excepción de las autoridades de los Estados Unidos que lo detuvieron e investigan por varios delitos financieros”, expresó.

El legislador expuso que la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, abrió la oportunidad de corregir las fallas e insuficiencias que han posibilitado que la corrupción sea percibida por la sociedad como una práctica extendida y sistemática en el ejercicio de la función pública. 

“Ante el reto de revertir la situación descrita, a nivel estatal, se debe mandar un claro mensaje a la sociedad, de un verdadero combate a la corrupción, mediante el establecimiento de una normatividad que realmente este destinada a sancionar de manera enérgica, aquellos actos que laceran a la ciudadanía.

“Ello con el fin único de impedir en todo momento la impunidad, que pareciera ser el común denominador para los funcionarios públicos que se aprovechan de su posición y realizan actos claramente ilícitos y no reciben sanción alguna”, indicó.