La diputada coahuilense por el Partido Revolucionario Institucional, Martha Hortencia Garay Cadena, fijó una postura respecto al dictamen con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 35 Bis a la Ley Nacional de Ejecución Penal, en materia de Derechos Humanos de las personas adultas mayores en los centros penitenciarios, durante la Sesión Ordinaria del miércoles 10 de abril de 2019.

Dicha iniciativa fue aprobada por la Comisión de Justicia, y expone la diputada que en un lapso de 20 años, la población adulta mayor del país, prácticamente se duplicó, y que este cambio poblacional trae consigo retos que deben abordarse para garantizar la seguridad y los derechos humanos de las personas adultas mayores que enfrentan la pérdida y privación de derechos, además de las nuevas necesidades que genera el estado de salud.

Expone Garay Cadena que para el Estado un foco de atención deben ser las personas adultas mayores que se encuentran en centros penitenciarios, espacios de por sí saturados, en las que este segmento está más expuesto a la discriminación, a la violencia y carencias de servicios básicos, como alimentación adecuada y salud.

"La población de más de 60 años en los centros penitenciarios va en aumento, las proyecciones a mediano y largo plazo hacen urgente conocer con mayor detalle y dar seguimiento a la salud y condiciones de vida de los reclusos en edad avanzada".

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha advertido sobre las deficiencias en la atención de las personas adultas mayores en los centros penitenciarios del país, principalmente en rubros como la atención a su salud, acceso a una alimentación adecuada acorde a su edad, accesibilidad en las instalaciones, entre otros.

Asimismo, expone la diputada priista que esta reforma, además de reconocer los derechos de las personas privadas de su libertad y la obligación del Estado de garantizar su seguridad y una vida digna al interior de estos centros, es un instrumento que permitirá controlar la salud de los reclusos, de tal forma que se prevengan enfermedades que deterioran la condición y generarán más erogaciones al Estado.

Las personas que cumplen una pena en este proceso de reinserción social, por el paso del tiempo y la reclusión, envejecen, se deterioran y tienen necesidades distintas y corresponde al Estado reconocer esas diferencias para cumplir con las condiciones para una vida digna para las personas privadas de la libertad.

Para finalizar, la diputada explicó que con esa iniciativa se dotará de las herramientas para que el Estado sepa a detalle información que requiere para implementar políticas públicas al interior de los centros penitenciarios, y atender las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.