Saltillo, Coahuila.- La diputada y presidenta del PRI en Saltillo, Azucena Ramos, presentó un punto de acuerdo para revisar procesos de licitación y adjudicación de contratos en el municipio lagunero.

Dicha iniciativa fue aprobada por mayoría y lo procedente será que las autoridades correspondientes investiguen posibles actos de corrupción en la administración de Jorge Zermeño en la perla de la Laguna.

“En fecha reciente salió a la luz pública información relacionada con el manejo de los recursos en el Ayuntamiento de Torreón”, expresó en Tribuna la legisladora, “específicamente los destinados a seguridad pública".

“En días pasados, los propios regidores del municipio denunciaron irregularidades en la asignación de los contratos que se han otorgado a la empresa Supervisión Técnica del Norte, S.A. de C.V., cuyo giro es el de alquiler de vehículos. Sin embargo, le fueron asignados contratos por más de 180 millones de pesos durante 2018 y 2019”.

La priista calificó de grave el hecho de que se haya asignado tal cantidad de recursos a una empresa que ni siquiera se dedica al giro que motivó los contratos.
 
“Todo el procedimiento de asignación de cada contrato”, añadió, “se realizó al margen del Comité de Adquisiciones, mismo que no existió durante la administración 2018 y que desde el inicio de la administración 2019-2021 no había sido integrado sino hasta el pasado jueves 2 de mayo, a solicitud expresa de los regidores y regidoras.

LOS CONTRATOS BAJO LUPA:

“Ninguno de los contratos de referencia figuran en la página de transparencia del municipio”, expuso, “lo cual es una obligación del Ayuntamiento señalada en la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Coahuila.

“El domicilio fiscal de la empresa corresponde a una casa-habitación, no existen indicios de que ahí se ubique el mencionado negocio”.

Por último la legisladora hizo un exhorto a las autoridades correspondientes para que investigar los hechos y en su caso fincar las responsabilidades que resulten por los posibles actos de corrupción en los procesos de licitación y adjudicación de contratos realizados en el Ayuntamiento de Torreón.