Cada año, desde hace ya demasiado tiempo, la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación percibe menos ingresos que los necesarios para cubrir sus obligaciones con aquellos que han alcanzado el derecho de recibir una pensión. En otras palabras, la dependencia trabaja con “números rojos”.

En términos estrictamente contables la Dipetre es solvente, porque la totalidad de los recursos que necesita para operar de forma normal se encuentran en sus libros como “cuentas por cobrar”. Esto es así porque las normas que regulan su funcionamiento establecen que si los ingresos ordinarios son insuficientes para cumplir sus obligaciones, entonces el patrón debe aportar la diferencia.

El problema es que el hecho de que los patrones –cuyos trabajadores son beneficiarios de este mecanismo– estén “obligados” a cubrir los boquetes financieros de la dependencia, e incluso se les cobren intereses moratorios si se retrasan en los pagos, no garantiza que los recursos se entreguen.

En otras palabras, el “compromiso” de garantizar la viabilidad financiera de la Dipetre es uno de carácter simbólico y, al menos hasta ahora, La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) y el Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS) no han cumplido con sus obligaciones pensionarias.

O, para decirlo aún más claro, el mecanismo mediante el cual se garantiza el pago de pensiones a gran parte del magisterio estatal sigue siendo una auténtica “bomba de tiempo” financiera que está permanentemente al borde del colapso.

No se trata, por cierto, de ninguna novedad. De forma recurrente los medios de comunicación damos cuenta de la más reciente actualización en el proceso de crisis que padece de forma permanente el sistema pensionario del magisterio coahuilense.

Pero que la información no constituya una sorpresa para nadie no quiere decir que deje de señalarse el problema que representa para todos el sistema de seguridad social de los trabajadores de la educación.

En ese sentido es imprescindible recordar que se trata de un sistema diseñado y construido a partir de criterios políticos y prácticamente de espaldas a la técnica, en un momento en el cual el Gobierno del Estado y los sindicatos magisteriales actuaban como “socios”.

Las concesiones otorgadas al magisterio de Coahuila, a cambio de su “lealtad política” se fueron sumando con el tiempo y terminaron en lo que hoy se dictamina cada año y nosotros reseñamos: una bola de nieve que no hace sino crecer cada día y terminará, tarde o temprano, ocasionando una avalancha.

Se trata de una realidad que, en esencia, tiene solamente dos salidas: o se encara de una buena vez asumiendo el costo que eso tiene, o se difiere hacia el futuro con el consecuente encarecimiento de sus costos.