Decir que la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (Dipetre) en Coahuila se encuentra en “situación de quiebra” es, a estas alturas de la historia, una obviedad. Los signos de que dicha institución ha perdido toda capacidad económica, para hacer frente a sus obligaciones, no han hecho sino acumularse a lo largo de las últimas décadas.

En efecto: como se ha informado de manera prolongada y recurrente, la Dipetre se encuentra en crisis desde hace al menos cuatro sexenios, periodo durante el cual el Gobierno de Coahuila ha realizado diversos intentos –fallidos todos– de “rescatar” esta institución del sistema de seguridad social del magisterio coahuilense.

Las razones de su quiebra financiera son también de sobra conocidas: por un lado, la existencia de un esquema pensionario imposible de financiar debido a que no se basa en cuentas individuales, sino en un esquema de solidaridad; por el otro, la rampante corrupción e incapacidad administrativa que han caracterizado su existencia.

En este sentido, el reporte que publicamos en esta edición, relativo al diagnóstico realizado por la Auditoría Superior del Estado en su Primer Informe de Resultados Individuales 2017, tan sólo representa la más reciente evidencia respecto de una crisis que se incuba hace mucho tiempo.

Una de las frases contenidas en el diagnóstico retrata de forma cruda la situación: “Es importante destacar que al momento de la valuación la Dipetre ya no cuenta con reservas actuariales, el fondo está operando ya descapitalizado y recibiendo aportaciones extraordinarias del Gobierno del Estado”.

Para complementar el cuadro es preciso señalar que, de acuerdo con el más reciente estudio actuarial realizado en relación con las obligaciones futuras de la Dipetre, la cifra de su pasivo hace palidecer incluso el monto de la deuda bancaria de la entidad: en los próximos años podrían superar los 57 mil millones de pesos si la tasa de rendimiento actual de sus reservas presentes se mantienen en tres por ciento.

La conclusión obligada ante esta situación es que todas las medidas adoptadas por las pasadas administraciones estatales han sido sólo “mejoralitos”, que no han combatido en lo más mínimo la enfermedad, postergando apenas el desenlace y volviéndolo, de paso, cada día más costoso.

Se ha dicho antes, pero será necesario insistir en ello: la única forma de “resolver” el problema de la Dipetre –y del sistema de seguridad social del magisterio en su conjunto– pasa, necesariamente, por reconocer que el modelo “ideado” entre el Gobierno de Coahuila y el sindicato magisterial carece de viabilidad financiera.

Por ello, lo que debe hacerse es transformarlo y convertirlo en uno que sea capaz de ofrecerle a sus derechohabientes prestaciones susceptibles de ser financiadas, sin que provoquen, como ha ocurrido ahora, una gigantesca bola de nieve que nadie será capaz de contener.

¿Cuánto tiempo más esperarán una y otra parte para reconocer la realidad? ¿O simplemente van a mantener la estrategia de “sobrevivir” y heredar el problema a la próxima administración?