Sevilla.- La expresidenta de Brasil Dilma Rousseff ha negado su relación con casos de corrupción y ha sostenido que su salida forzada del Gobierno está relacionada con lo que ha denominado la "criminalización" de la gestión fiscal y la búsqueda de "excusas" para condenarla.

Rouseff, que participó este miércoles en Sevilla (sur) en un seminario sobre Brasil y Latinoamérica, resumió así en rueda de prensa los acontecimientos que han rodeado su salida del anterior gobierno de su país.

Perteneciente al Partido de los Trabajadores (PT), la dirigente fue apartada de su cargo en mayo y destituida por el Senado brasileño el pasado 31 de agosto por violar unas normas fiscales, maquillando el déficit de las cuentas públicas.

Según su versión, este proceso se ha debido a la conjunción de intereses de los centristas, de la derecha, de grupos ultraconservadores y de la oligarquía, que ha puesto en marcha en Brasil la estrategia política de "cuanto peor mejor", a lo que ha sumado lo que ha definido como la "criminalización" de su gestión fiscal.

La entonces mandataria, de 69 años, fue sustituida por el que fuera su vicepresidente, Michel Temer, a quien Rousseff ha acusado en otras ocasiones de "golpista", si bien hoy no ha dudado en sostener que tanto el actual gobierno como el Congreso son "ilegítimos".

"Hemos perdido la batalla, pero no podemos perder la democracia", ha enfatizado la expresidenta, que ha expresado su abierta preferencia por quien debe ser el candidato de su partido en las elecciones de 2018: "Creo y quiero que sea Lula da Silva. Las encuestas dicen que sería un gran candidato, pero la decisión depende de él".

Dilma Rousseff ha censurado la política "distorsionada" que hay en Brasil contra Lula y "ha indicado que un fiscal le acusa de corrupción sin pruebas, pero con convicción".

Preguntada por el fallecimiento en un accidente de avión del juez Teori Zavascki, relator del caso Petrobras en la corte suprema de Brasil, la expresidenta ha manifestado que, ante las "sospechas" de un posible atentado, el Ejecutivo debe "abrir una investigación transparente".

En el seminario participaron también el exministro de Justicia José Eduardo Cardozo y el abogado del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, Cristiano Zanin Martins, y Baltasar Garzón, exmagistrado de la Audiencia Nacional.