Ayer salió humo tricolor-verde. Los senadores de esos partidos ¡al fin! presentaron sus propuestas para cinco de siete leyes que integrarían el Sistema. Y las organizaciones de la sociedad civil que apoyaron la iniciativa ciudadana #3de3 —si bien hacen énfasis en que no es todo lo deseable y que es importantísima la parte penal— avalaron la moción. 

Habrá que esperar qué sucede entre hoy y mañana que termina el periodo de sesiones, si sale o no, o si convocan a un periodo extraordinario. Y ver si —por presión del PAN— a última hora también se discute el tema de la Fiscalía Anticorrupción (que es un cambio a la Ley Orgánica de la PGR) y los tipos penales que deben quedar en el Código Penal. 

Leo en Twitter a mucha gente enojada. Acusan a las organizaciones (el Instituto Mexicano para la Competitividad, Transparencia Mexicana, Centro de Estudios Espinosa Yglesias, México Evalúa, CIDE, Fundar, entre otras) de “venderse”, de “ceder”, hasta de “transar”. Me parece injusto. ¿Se hubiera preferido que no saliera algo, un paso adelante, y nos quedáramos igual? Bueno, sin duda que era una de las alternativas. 

Lo más difícil de explicar será que el #3de3 no pasó: que todos tengan que presentar y publicar sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal. Quedó en algo así como #2.1de2.1. El acuerdo sería que sí se tenga que presentar y publicitar la declaración patrimonial; pero consideran que pueden ir sin montos y sin ubicación específica de los inmuebles. Sí se especificará ciudad y país donde se encuentran. Dependerá del funcionario si desea hacer pública dicha información. 
También dejarán a la buena voluntad de los servidores públicos decidir si hacen o no públicos los datos patrimoniales de esposa/esposo y dependientes económicos. Y de ser así, deberán darles la autorización respectiva (a que habrá muchos y muchas espos@s que no quieran). 
Proponen que los Órganos Internos de Control realicen verificación aleatoria de declaraciones patrimoniales. 

Para la declaración de conflicto de intereses va la misma fórmula: podrán hacer pública la información de sus cónyuges, pero sólo previa autorización de ellos o ellas. 
Y para la declaración fiscal, proponen que se incluya solamente la comprobación fiscal de que fue presentada. 

Ayer lo decía Juan Pardinas: “A la clase política no le interesa, no está de acuerdo con presentar de dónde viene su riqueza”. Si no, ¿cómo explicar que sólo 16 senadores, de todos los partidos, han presentado voluntariamente su declaración como consta en la página del Imco? 

La propuesta priísta-verde deja fuera la recompensa que planteaba la #3de3 para los ciudadanos que denuncien actos de corrupción. Tenían derecho al 10% del monto de lo recuperado. 

El Instituto Mexicano para la Competitividad consideraba que aún es sujeto a discusión el contenido de esta propuesta que no es, ni siquiera, dictamen (hay que citar a una sesión para ello). ¡Ojalá nuestra clase política dé un paso más para lograr una transparencia y atender la exigencia de la ciudadanía! Finalmente son más de 600 mil firmas que lo piden. 
Las horas que siguen serán clave. 

Salió peor la “explicación”. Hoy, más que nunca, no me gustaría estar en los zapatos de ningún funcionario de la Procuraduría General de la República. 

No sé con qué cara responderán a las observaciones hechas ayer por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, casi 48 horas antes de que termine su periodo de trabajo, sobre las nuevas fallas detectadas en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. 

Evidenciaron que estamos lejos de ser un país donde se respeta el estado de derecho. 
Fue Carlos Beristáin quien respondió a Tomás Zembrón… ¡perdón, Zerón, Zerón, Tomás Zerón!, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, quien tras ser balconeado con el hecho de que había ido a las inmediaciones del río San Juan un día antes de que se hayan encontrado ahí importantes evidencias, dijo que su visita del 28 de octubre de 2014 fue legal: 
—Las afirmaciones del señor Zerón en su conferencia constituyen una tergiversación de la realidad. 

Tomás Zerón dijo el miércoles pasado que en la visita que realizó el 28 de octubre de 2014 a las inmediaciones del Río San Juan, acompañado de Agustín García Reyes, —uno de los presuntos responsables quien los llevó a ver dónde estaban los restos de los alumnos calcinados— también estuvieron presentes funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, entre ellos Omar Gómez Trejo. Lo dijo en un afán de legitimizar el recorrido. 

Mal. 

El GIEI aclaró que los funcionarios de la ONU “en ningún momento vieron a Agustín García Reyes en el escenario del Río San Juan ni estuvieron con ellos en dicho escenario”. Ayer mismo la oficina del Alto Comisionado en México avaló esa postura. El Equipo Argentino de Antropología Forense reiteró que ellos no tuvieron acceso a ningún documento pericial o ministerial de la PGR sobre ese día, y que no estuvieron presentes en el momento de la recolección de la bolsa con restos. 

Se pone peor. 

Zerón aseguró que está facultado para encabezar diligencias como la realizada en octubre de 2014, aunque ojo, esa visita no esté documentada ni su acta incluida en la Averiguación Previa, como sí está la visita realizada el día 29 de octubre. 

¿Qué responderán las autoridades en torno a las 30 señas de tortura que presentó Agustín García Reyes en su revisión médica de las 00:50 horas del 28 de octubre de 2014, horas antes de viajar al Río San Juan? Cuando fue revisado por el médico naval al momento de su detención, no tenía ninguna lesión. 

Los integrantes del GIEI reiteraron que, siguiendo protocolos internacionales, las declaraciones obtenidas con actos de tortura no pueden tomarse en cuenta en una averiguación y deben ser desechadas. 

Sobre las anomalías en la clasificación de restos localizados el 28 pero que fueron fechados el 29 de octubre, Zerón dijo que se revisará esta situación por los órganos internos de la PGR. Al menos eso aceptó que hicieron mal. 

—Las explicaciones del señor Zerón ponen de manifiesto que su comportamiento está en contradicción de los estándares mínimos internacionales en la investigación de los hechos. Y por lo tanto, agravan el problema. 

Ayer por la tarde se anunció que la PGR ya pidió formalmente la investigación, en la Visitaduría General, sobre la actuación de Zerón. 

Mañana se van Carlos Beristáin, Angela Buitrago, Francisco Cox, Claudia Paz y Paz, y Alejandro Valencia. Falta esperar cómo será el mecanismo de seguimiento que hará la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Cero y van dos. De nueva cuenta los integrantes de Movimiento Ciudadano dan muestra de que lo suyo no es la informática y menos la seguridad cibernética. Ya aceptaron que, siguiendo los consejos de la empresa Indatcom, colocaron en la nube de Amazon Web Services la copia del padrón electoral que tenían, el cual quedó desprotegido ¡y a la venta! Dante Delgado dijo que todo se había tratado de un hackeo cometido por Chris Vickery. 

Oh, oh. El presunto culpable ya respondió: que no hubo tal hackeo y que es más probable que Indatcom no cumpliera con todos los requerimientos de seguridad y quedó desprotegida. 
Y no aprenden, eh. En febrero pasado el INE los multó con 76 millones de pesos ya que tuvieron una experiencia similar con el padrón de 2013 que les entregaron. Qué raro que les pase dos veces. 

Él lo dijo: 

—Lo que sucedió (el enfrentamiento del domingo pasado) fue magnificado de una manera malintencionada; nadie quiere decir, en ese momento ni en ningún otro, que no existan los problemas que se presentan en Guerrero: Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero.