La férrea defensa de los derechos humanos y el enfrentamiento con las autoridades llevaron a la reconocida abogada mexicana Digna Ochoa a ser doblemente víctima: de su supuesto asesinato en 2001 y de la flagrante impunidad que hay en México.

El Estado mexicano reconoció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) su responsabilidad parcial en el caso y abrió la puerta a reabrir la desacreditada investigación oficial, la cual concluyó hace años que Ochoa se había suicidado.

Para la familia y organizaciones de derechos humanos, se dio un paso decisivo para demostrar que fue asesinada por su trabajo.

EN DEFENSA DE LOS VULNERABLES

Ochoa nació el 15 de mayo de 1964 en Misantla, en el estado de Veracruz, en el seno de una familia muy numerosa, pues fue la quinta de 13 hermanos.

La detención arbitraria de su padre, un líder sindicalista torturado y acusado injustamente de asesinato, fue el episodio fundamental que la empujó a licenciarse en Derecho en la Universidad Veracruzana en 1984.

"Digna Ochoa siempre estuvo del lado de las mejores causas. Defendió a las personas en condición de vulnerabilidad", explicó a Efe Karla Michel, abogada de la familia Ochoa y miembro del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social.

Para seguir su carrera, Ochoa se mudó en 1991 a Ciudad de México, donde comenzó a trabajar como abogada en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, conocido como Centro ProDH.

Durante varios años se dedicó a defender a las víctimas de violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades, entre ellas funcionarios de la ya extinta Procuraduría General de la República y de las Fuerzas Armadas.

"Era una mujer que estuvo del lado de campesinos ecologistas y personas señaladas por terrorismo. Siempre estuvo en contra de la fabricación de culpables y por eso tuvo un amplio reconocimiento nacional e internacional", sostuvo Michel.

Ochoa, por ejemplo, fue la abogada que logró en 1997 la libertad para siete jóvenes indígenas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que habían sido arrestados, torturados y condenados por posesión de armas.

También defendió a las víctimas de la masacre de Aguas Blancas de 1995, en la que policías del estado de Guerrero mataron a 17 campesinos, y en la masacre del Charco en 1998, en la que el Ejército ejecutó a 11 jóvenes, presuntos guerrilleros.

Además, asumió la representación de los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, quienes fueron encarcelados por protestar contra la tala ilegal y destructiva llevada a cabo por jefes políticos en Guerrero. 

INCÓMODA PARA EL CRIMEN Y EL PODER

Su trabajo y valentía incomodaron mucho a algunos y las amenazas no tardaron en llegar.

El 9 de agosto de 1999 fue secuestrada durante varias horas por sujetos desconocidos, quienes la ataron en su casa, la torturaron y le sustrajeron pertenencias.

Poco después, el Centro ProDH recibió en sus oficinas cartas con amenazas de muerte.

Ochoa se vio obligada a emprender una dura batalla por defender sus propios derechos y los de sus colegas del Centro ProDH, y solicitó a las autoridades medidas cautelares para su protección.

Ante la falta de investigación del Estado mexicano sobre los ataques y amenazas, la Corte Interamericana adoptó en 1999 medidas provisionales a su favor.

Pero las amenazas persistieron, por lo que Ochoa se exilió en Estados Unidos entre 2000 y 2001, año en el que regresó a México.

El 19 de octubre de 2001, tan solo dos meses después de que se levantaran las medidas de protección, Ochoa fue hallada muerta a los 37 años en su despacho en la colonia (barrio) Roma, en el centro de Ciudad de México, con un balazo en la cabeza y otro en la pierna.

Tras unas investigaciones más que cuestionadas, la fiscal especial del caso, Margarita Guerra, concluyó que Ochoa se había suicidado a raíz de trastornos emocionales.

Entre las organizaciones de defensores humanos de México es unánime que la investigación de la muerte de Ochoa estuvo plagada de problemas estructurales como el mal levantamiento del cadáver o el descarte de evidencias.

Pero además, según la abogada de la familia, hubo "una actitud dolosa para manipular y callar las voces de exigencia de justicia".

Sin todavía sentencia de la Corte Interamericana, el Estado mexicano ya reconoció  una responsabilidad parcial en el mal manejo del caso. Se abre así una puerta de esperanza para que la impunidad no vuelva a ser la protagonista.