Los “días de”, instituidos en nuestro calendario cívico –a nivel local, nacional o global– tienen un propósito muy claro: visibilizar fenómenos que afectan a nuestra sociedades y llamar la atención respecto de sus implicaciones, así como respecto de las medidas que es necesario tomar para atenderlos.

Unos de estos “días de” se conmemoró ayer: el “Día Internacional contra la corrupción”, instituido por la Asamblea General de la ONU en 2003, como parte de las acciones planteadas para combatir el problema, en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

De acuerdo con el organismo multilateral, cada año se pagan en el mundo alrededor de un billón de dólares en sobornos y otros 2.6 billones de dólares son robados mediante actos de corrupción, cifra que representa más del 5 por ciento del Producto Interno Bruto mundial. Se trata, a no dudarlo, de un fenómeno que no solamente es grave, sino que nos afecta a todos.

Y tal afirmación es particularmente cierta en países como el nuestro, en donde Naciones Unidas calcula que la cantidad de dinero que se pierde en corrupción es 10 veces superior a la que se invierte en financiar programas de asistencia para el desarrollo.

Coahuila, como sería de esperarse, no escapa a esta realidad y, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante 2017 al menos 140 mil ciudadanos habrían sido víctimas de actos de corrupción, por parte de agentes gubernamentales.

En promedio, cada coahuilense que afirma haber tenido que pagar un soborno para “agilizar” algún trámite gubernamental desembolsó 2 mil 300 pesos, según se desprende de la encuesta Calidad del Impacto Gubernamental realizada por la citada dependencia.

La presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, del Sistema Anticorrupción del Estado, Ana Yuri Solís Gaona, dijo al respecto que existe “una percepción ciudadana negativa en el tema de la corrupción” y eso implica la necesidad de que “el sistema ponga atención en ellos para que se corrijan estas fallas administrativas”.

Las cifras que presenta el Inegi son, sin lugar a dudas, preocupantes: 140 mil personas forzadas a entregar 2 mil 300 pesos en promedio implica que, tan sólo por este tipo de actos, funcionarios públicos locales habrían obtenido, ilegalmente desde luego, 322 millones de pesos.

Conviene decir que, al referir esta cifra, no estamos hablando de todo el fenómeno de la corrupción en Coahuila, sino “tan sólo” de los sobornos “menores” que los ciudadanos se ven obligados a entregar para que un trámite ordinario se concrete.

¿Cómo ha evolucionado el fenómeno este año? Por desgracia, la realidad no ofrece motivos para el optimismo y lo más probable es que, en el mejor de los casos, las cifras se mantengan.

La pregunta obligada en este caso es, ¿qué han hecho las autoridades estatales y municipales en 2018 para, a partir de los datos revelados por el Inegi, combatir un fenómeno de tales proporciones?

Cabría esperar una respuesta concreta al respecto.