Desde que México emprendió políticas públicas para acotar los altos de niveles de corrupción existe una agenda tendiente a incentivar la participación del sector empresarial como contrapeso –casi único y legítimo– al poder público. Esto ha provocado la exclusión de otros sectores sociales que ven vulnerados sus derechos humanos de manera sistemática.

Sin duda es positivo y necesario contar con organismos empresariales comprometidos con la responsabilidad social que deseen sumar esfuerzos, analizar información, proporcionar recursos y participar de manera activa en la vida pública. Sin embargo, no pueden ni deben ser los únicos, ya que la corrupción afecta a todas las personas y pega más a las que tienen menos.

En este sentido la academia, las instituciones –públicas y privadas– y el mismo Sistema Nacional Anticorrupción, con sus sistemas locales, juegan un rol importante en la construcción de espacios con igualdad de oportunidades para todos. Su contribución permitiría elaborar diagnósticos, problematizar el fenómeno y allanar el camino para reducir las brechas de desigualdad, que también impactan inexorablemente en la participación ciudadana.

Por supuesto, el Estado tiene una responsabilidad mayor. Existen por lo menos tres formas en las que los gobiernos pueden violentar los derechos humanos, por omisión o acción, desde el enfoque de la corrupción: la exclusión, la ausencia de oposición política y la impunidad (Clavijo Castañeda, Saber, ciencia y libertad, 2012).

Estos aspectos están vinculados de manera directa e indirecta con el arraigado problema de la desigualdad social que se vive en el País.

Los puestos de poder público o representación popular se dividen entre las lealtades partidistas; los contrapesos se desvanecen con los acuerdos entre los cotos de poder; y la justicia está del lado de los que tienen dinero, poder o influencia.

En México es indispensable incluir la perspectiva de los derechos humanos en la política pública anticorrupción, con un enfoque centrado en el impacto en la vida de las víctimas.

Cada peso desviado, obra pública colapsada por malos materiales, medicamento robado o chivo expiatorio detenido, tienen algo en común: vidas trastocadas por la consumación de un acto de corrupción.