Hoy es uno de esos días en que los temas pululan en la agenda nacional. Uno ya no sabe si voltear y comentar el testimonio del hacker, Andrés Sepúlveda, que asegura que trabajó para Enrique Peña Nieto en la campaña de 2012, reírse con la propuesta de Diego Fernández de Cevallos de rifar la entrada a su siguiente fiesta, hacer énfasis en que falta sólo un mes para que se discutan, según el plazo constitucional, las leyes del sistema nacional anticorrupción y que la cosa pinta mal o, para variar, tocar el tema de derechos humanos y su fragilidad en México.

Y como no me decidí, trataré de tocar, aunque sea de rápido, la mayoría.

Duro lo que dijo Emilio Álvarez Icaza, aún secretario ejecutivo de la CIDH. Ya dio acuse público de recibido al hecho de que se inició una investigación en su contra (que no ha sido ratificada, por cierto) por un supuesto fraude de un dinero que, está probado y avalado por la OEA, él no recibió ni usó:

—Ni en el Perú de (Alberto) Fujimori, ni en la Venezuela de (Hugo) Chávez (uyyyyy, tsssss) hubo el precedente de una averiguación previa contra un secretario ejecutivo de la CIDH. México se está poniendo en una regresión autoritaria... si (el Gobierno de México) ataca así a los organismos internacionales, ¿cómo se puede esperar que actúe con los defensores de los derechos humanos en su País?

Sopas. Auch.

Lo cierto es que dos puntos crean tendencia, y en el caso de los derechos humanos en México y las recomendaciones internacionales son mucho más que dos, ya ni hablo de la situación de los defensores de derechos humanos en el País. Enumero (y quizá faltan temas):

—La reacción en febrero de 2015 a las recomendaciones del Comité contra desapariciones forzadas de la ONU. El gobierno dijo que “no reflejaban” la situación verdadera del País (ya sabe: tenemos un Presidente que cree que la mayoría tiene una visión distorsionada de la realidad).

—La reacción, en marzo de 2015, al informe sobre tortura de Juan Méndez. Lo mismo. La reacción del Gobierno fue insistir e insistir en que no había tortura “generalizada”. Y esa fue la nota, aunque aceptaron las recomendaciones.

Ahora sabemos, además, que Méndez pidió regresar a nuestro País este año, antes de octubre que finaliza su gestión; pero fue notificado que no podrá ser.

—El retiro del apoyo al juez argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué dijo él? Ah, pues que en México vivíamos un “genocidio por goteo”. No cayó bien.

—También el inexplicable retiro del apoyo a la candidatura de otro académico serio, Miguel Sarré, al Comité contra la tortura de la ONU. Decidieron nombrar a Claude Heller, diplomático de carrera.

—El hecho de que desde octubre de 2014 haya más de 60 recomendaciones de la ONU al Estado mexicano para la implementación de la Convención por los derechos de las personas con discapacidad. No ha pasado nada.
 
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