MÉXICO.- Los cinco exfuncionarios del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila (SATEC) que contrataron un crédito por mil millones de pesos con el Banco del Bajío, a nombre del estado y con documentación apócrifa, devolvieron los recursos a la institución bancaria tras ser descubiertos.

De acuerdo con datos de la averiguación previa, luego de la autorización y entregar el dinero, los exservidores públicos que solicitaron el préstamo en la administración de Humberto Moreira, tuvieron que pagarlo

“anticipadamente”.

Lo anterior debido a que funcionarios del banco advirtieron que la información y documentación proporcionada era apócrifa.

Así, se conoció que los cinco implicados y prófugos de la justicia Miguel Ramón Rodríguez, extesorero de Coahuila; Héctor Javier Villarreal, exsecretario ejecutivo del SATEC;

Sergio Ricardo Fuente, exadministrador de políticas públicas del SATEC; Juan Manuel Froto, exdirector del Fondo de Garantías para el Impulso de la Microempresa, y Enrique Ledezma, exsubadministrador de Políticas Públicas del SATEC, solicitaron al Banco del Bajío un crédito de mil millones a favor del Gobierno Estatal.

Fue Rodríguez Flores quien dio información falsa sobre el monto de los activos de la entidad, pues en el contrato de apertura del crédito —con fecha del 16 de diciembre de 2010— se asienta que el Congreso local había aprobado el decreto 318, con el que se autoriza adquirir la deuda.

Esta conducta “engañosa” fue avalada por los otros cuatro implicados, quienes, con ayuda de los exservidores de Hacienda, Jaime René Jiménez, exdirector de Deuda de Entidades y Municipios, y Jorge López, exjefe de departamento, realizaron el engaño.

A estos dos últimos exservidores públicos federales ayer se les dictó auto de formal prisión.

Según la investigación, la Dirección de Deuda Pública de Entidades y Municipios de Hacienda asignó el número 044/2011 como registro del crédito otorgado al Gobierno de Coahuila, pero ese número corresponde al Gobierno de Zacatecas. El sello impuesto al registro del crédito también resultó falso.

Ésta es la primera averiguación previa, de las cinco denuncias presentadas por la Procuraduría Fiscal de la Federación en 2011.

Inventan decreto

Según la indagatoria, el supuesto decreto, con fecha de publicación del 12 de junio de 2010, en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila, asienta que se afectarán como garantía de pago las participaciones federales de la entidad.

Sin embargo, se comprobó que el periódico del 12 de junio de 2010 no existe y que el decreto 318 se refiere a la designación de José Luis González como contralor del Instituto Electoral de Coahuila.

En Coahuila, mientras tanto, ni la Fiscalía General de Coahuila, ni la PGR parecen llevar prisa por localizar a Javier Villarreal y otros cuatro exfuncionarios de Coahuila, pues hasta ayer, ninguna fotografía de los exfuncionarios aparecía en los sitios de los buscados por estas instituciones, para que los ciudadanos puedan identificarlos.

Se buscó a Domingo González, encargado de la Fiscalía del Estado, para que hablara sobre el tema, pero no ofreció ninguna información.

En Estados Unidos, el vocero de la Oficina de Inmigración y Aduanas en Dallas, Carlo Rusnock, aunque no dio detalles sobre el caso, confirmó que la dependencia se encuentra realizando una exhaustiva investigación sobre la detención y posterior liberación en Texas de Villarreal.

(Con información de El Universal)