En el portal de transparencia del Gobierno de Coahuila se puede consultar la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015 (http://www.sefincoahuila.gob.mx/contenido/ docs/cuentapublica/ene_dic_2015.pdf). En la página 17 de ese documento aparecen los indicadores de postura fiscal correspondientes a ese año. Este cuadro resume el recrudecimiento de las dificultades financieras que está enfrentando la administración estatal.

La tabla está integrada por tres secciones que trataré de describir. En la primera se reporta el balance presupuestario, el cual se obtiene restando los egresos presupuestarios (44 mil 270.4 millones de pesos) a los ingresos (40 mil 980.95 millones). Nos concentraremos en los ingresos y egresos devengados. Este balance arroja un déficit presupuestario de 3 mil 289.5 millones de pesos, equivalente al 7.4 por ciento de los egresos devengados sin considerar el servicio de la deuda.

Este déficit presupuestario se dio a pesar de que la inversión pública cayó a su nivel histórico más bajo desde 1998 (mil 616.8 millones de pesos, lo cual representa una caída del 42.2 por ciento respecto al monto real que alcanzó ese rubro hace 18 años y del 75 por ciento respecto al nivel de inversión que se había logrado en el 2009, año previo a la explosión en la contratación de deuda estatal de los años 2010 y 2011). 

La segunda parte arroja el balance primario, el cual resulta de restar el pago de intereses, comisiones y gastos de la deuda (2 mil 409.45 millones de pesos) al déficit presupuestal previamente calculado. El saldo es un déficit primario de 5 mil 698.93 millones de pesos, el cual representa un 12.9 por ciento de los egresos devengados.

Si a este monto agregamos las amortizaciones de créditos que se pagaron en el 2015, el boquete a financiar alcanzó los 6 mil 240.03 millones de pesos, magnitud proporcional al 14.1 por ciento de los egresos presupuestarios.

La última sección del cuadro exhibe los datos del incremento en el endeudamiento bancario (3 mil 394.5 millones de pesos), al cual se descuenta el pago de amortizaciones (541.1 millones de pesos), lo que arroja un aumento en el endeudamiento neto bancario de 2 mil 853.4 millones de pesos.

Así pues, además del endeudamiento neto bancario, el Gobierno de Coahuila tuvo que incrementar sus pasivos netos de corto plazo en al menos 2 mil 845.55 millones de pesos adicionales.

Qué factores explican esta evolución de las finanzas estatales en los últimos años: Por el lado de los ingresos, una caída del 9 por ciento en las participaciones y aportaciones federales en el 2015. Respecto a los egresos; aumentos en las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (con crecimientos promedios reales del 18.9 por ciento en el 2014 y 2015) y servicios generales (8.9 por ciento de aumento real promedio en esos mismos años).

Entre otros factores, estas tendencias motivaron la revisión, el 29 de febrero del año en curso, de estable a negativa en la calificación “mxBBB” de la deuda de Coahuila emitida por Standar&Poor’s (https://www.standardandpoors.com/es_LA/delegate/getPDF?articleId=1588338...). El 18 de abril, esta calificadora publicó un análisis complementario a sus consideraciones sobre las perspectivas de la deuda de Coahuila (https://www.standardandpoors.com/es_LA/delegate/getPDF?articleId=1618178...). Esto significa que, de no existir cambios favorables en las tendencias observadas, los papeles de la deuda de Coahuila pueden ser reclasificados a la baja en el transcurso de los próximos 12 meses.

Riesgos adicionales complican el panorama en el corto plazo: La desaceleración del ritmo de actividad económica, una mayor presión sobre las finanzas públicas del Gobierno Federal que anticipan caídas adicionales en las participaciones y aportaciones federales (las cuales aún constituyen cuatro quintas partes de los ingresos presupuestales en Coahuila) y la expectativa de mayores aumentos de las tasas de interés.

Frente a estas circunstancias crecen las dudas sobre la sostenibilidad del pago de la deuda del Gobierno de Coahuila en los años por venir. 

El origen del problema se ubica en los aumentos exorbitantes que registró la deuda pública estatal en los años 2010-2011. Esta deuda fue legalizada a posteriori por los polémicos decretos 534 y 535, autorizados por el Congreso del Estado y publicados en el Periódico Oficial del Gobierno de Coahuila el 19 de agosto del 2011. Pero una cosa es la legalidad y otra muy diferente la legitimidad de los acuerdos. En una operación de crédito corresponde tanto al acreedor como al deudor hacer una adecuada evaluación del riesgo asociado a la misma; ¿Por qué razones otorgaron los bancos créditos no autorizados por el Congreso de Coahuila al Ejecutivo del Estado? Estamos frente a una circunstancia de “riesgo moral”. Se trata de “…un concepto económico que describe aquellas situaciones en las que un individuo tiene información privada acerca de las consecuencias de sus propias acciones y sin embargo son otras personas las que soportan las consecuencias de los riesgos asumidos.” (https://es.wikipedia.org/wiki/ Riesgo_moral).

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