CDMX.- El caso de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se convirtió en un asunto de Estado. Los poderes Ejecutivo y Judicial, junto con la FGR, decidieron mantener en sigilio la información sobre la extradición de uno de los actuales líderes del Cártel de Sinaloa, mientras que el Legislativo evitó indagar los hechos y los motivos del presidente Andrés Manuel López Obrador para ordenar al Ejército que liberara a quien el gobierno de Estados Unidos pretende juzgar por narcotráfico.

En su conferencia de prensa del 30 de octubre de 2019, el presidente invocó la transparencia y dejó el escenario a sus secretarios de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, y de Seguridad Pública Ciudadana, Alfonso Durazo. Ambos se limitaron a hacer una relatoría de los hechos en los que se reportaron ocho muertos, 19 heridos y 11 rehenes.

Hasta ahí llegó la transparencia del Ejecutivo. El Legislativo, controlado por Morena y aliados, evitó también profundizar en los hechos del llamado “culiacanazo”. La Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, presidida por el partido del Presidente, decidió pasar el tema y ni siquiera fue convocada para analizar el caso que tuvo una amplia cobertura de la prensa internacional.

La FGR y el Poder Judicial de la Federación tampoco han contribuido a la transparencia. Con el argumento de “protección de los datos personales” de Ovidio Guzmán y de “poner en riesgo” la relación con EU, han evitado hacer pública la información sobre la detención de dicho criminal.

Con base en Proceso, este medio solicitó a la FGR, vía transparencia, datos en torno a la detención de Ovidio con fines de extradición. La Fiscalía negó brindar información a pesar de que en el “Informe Culiacán”, dado por el gobierno mexicano en Palacio Nacional, se indicó que la Corte Federal de Columbia en Estados Unidos giró el 2 de abril de 2018 la orden de aprehensión contra Guzmán López por los delitos de asociación delictuosa para distribuir drogas. El 13 de septiembre de 2019 el gobierno de EU solicitó a México la orden de detención provisional con fines de extradición. 12 días después el juez de control la concedió. Con información de Proceso