Beneficiarios de cinco programas de apoyo al campo simularon contratos, presentaron facturas falsas y compraron insumos a sobrecosto para justificar 455 millones de pesos que recibieron durante 2014; irregularidades que fueron solapadas por funcionarios de la Secretaría de Agricultura, según advierte la Auditoría Superior de la Federación.

El caso más grave es el programa Fomento a la agricultura, componente desarrollo de clúster agroalimentario. Tuvo un presupuesto de 354 millones de pesos en 2014, pero hubo irregularidades en 54% (180 millones de pesos) de ello.

De acuerdo con el Informe de la Cuenta Pública 2014, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) debe comprobar el ejercicio del gasto o regresar el dinero a la Tesorería de la Federación.

Animal Político solicitó una entrevista con funcionarios de la Sagarpa para saber por qué existen las mismas irregularidades en seis programas diferentes, pero no hubo respuesta.

El programa Fomento a la agricultura, componente de producción intensiva y cubiertas agrícolas (PROCURA), tuvo el mayor presupuesto (589 millones 237 mil pesos) y también el mayor desvío: 204 millones 747 mil pesos.

Se trata de un instrumento por el que agricultores reciben apoyos económicos de hasta dos millones 700 mil pesos para invertir en capital físico, humano y tecnológico, reconversión productiva, agroinsumos, manejo postcosecha, uso eficiente de la energía y uso sustentable de los recursos naturales.

Pero una parte de los recursos terminó en las arcas de una universidad. La Auditoría detectó que la Sagarpa firmó un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de Morelos (UAEM) para que ésta fungiera como intermediario para la distribución de recursos a los beneficiarios. Por ello, recibió más de 442 millones de pesos y aunque repartió los apoyos con tardanza, cobró 969 mil pesos.

Sin embargo, la Sagarpa “carece de la documentación justificativa y comprobatoria de los gastos de operación y administración (consistentes en las facturas, recibos, evidencia de los trabajos realizados, pagos realizados por la universidad”, por lo tanto, considera que se trata de “un probable daño al erario”.

Otra irregularidad es que 12 beneficiarios que recibieron apoyos por un total de 16 millones 200 mil pesos, no tienen actividades vinculadas con el sector agropecuario. Esto, pese a que entre los requisitos, la dependencia pide el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), entre otros documentos que acrediten que los beneficiarios sean agricultores.

Entre las irregularidades que más se repiten en todos los programas está esta: una beneficiaria recibió un millón 800 mil pesos para un proyecto productivo, pero cuando los auditores acudieron al lugar ni siquiera había iniciado el proyecto. Aún así, el jefe de Distrito de Desarrollo Rural 134 de Guasave, no lo reportó e incluso, “señaló avances que no correspondían a la situación real de la ejecución del proyecto”.

También se presume un probable daño por 171 millones 346 mil pesos entregados a 210 beneficiarios y que estos no justificaron el gasto.

Del programa de Concurrencia con las Entidades Federativas, la Auditoría detectó un probable daño al erario por 2 millones 580 mil pesos que presentaron notas y facturas con la intención de “aumentar los costos de los proyectos y con ello acceder a un apoyo mayor”.

Sobre el programa Apoyo para la productividad de la mujer emprendedora, 80 proyectos “no han presentado la documentación comprobatoria de la aplicación y destino de 17 millones 702 mil pesos”.

También detectaron beneficiarios que reciben apoyos de otros programas y que para comprobar el gasto de 628 mil pesos, presentaron facturas que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) las tiene registradas como “canceladas”, mientras que los emisores de otras facturas “no fueron localizados en sus domicilios fiscales y la autoridad municipal no tiene registro alguno de su existencia”.

Del programa de Fomento a la agricultura, componente desarrollo de clúster agroalimentario “se presume la simulación de actos y documentos” para justificar 23 millones de pesos, ya que “se comprobó que la ejecución de los trabajos no se correspondía con lo plasmado en dichos documentos”.

La Sagarpa, dice la Auditoría, “no vigiló los trabajos, ya que la institución, dentro de los reportes del resultado de las distintas supervisiones, no realizó los procedimientos normados para dar seguimiento a los incumplimientos de los beneficiarios detectados”.

Las irregularidades no son nuevas. En 2010, 2011 y 2012, la Auditoría ha detectado “diversas conductas irregulares en la aplicación de los recursos, como en los gastos asociados a la operación de los programas revisados” que derivaron en promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias, pliegos de observaciones y denuncias de hechos. Aún así, esas conductas se repitieron en 2014.