MÉXICO.- La Secretaría de la Función Pública (SFP) resolvió sancionar con destitución e inhabilitación de 10 años para desempeñar cargos o comisiones en el servicio público a Luis Galván Arcos, funcionario de Petróleos Mexicanos (Pemex) relacionado al esquema conocido como La Estafa Maestra.

La dependencia dio a conocer que Galván Arcos omitió declarar dos cuentas bancarias de su cónyuge con un saldo de más de 3.2 millones de pesos por lo que la SFP procedió a la sanción de quien se desempeñó como gerente de Suministros y Servicios Administrativos en Regiones Marinas de Pemex durante el periodo comprendido entre 2013 y 2016, es decir, el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

“Como resultado de un cuidadoso procedimiento administrativo sancionador, la dirección general de Responsabilidades y Verificación Patrimonial determinó que quien estuvo a cargo de la gerencia de Suministros y Servicios Administrativos en Regiones Marinas, en los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016 omitió declarar dos cuentas bancarias que estaban a nombre de su cónyuge, por la cantidad de 3 millones 261 mil 176.52 pesos”, informó.

Si bien en el documento la dependencia no menciona al funcionario por su nombre, durante un encuentro con los medios el 31 de enero de 2019 Irma Erendira Saldoval, titular de la SFP, confirmó que tres servidores públicos en activo estaban relacionados a La Estafa Maestra, entre ellos Galván Arcos, donde participaron como “firmantes responsables no solo de seis, sino de 25 convenios con Pemex con instituciones públicas de educación superior durante el periodo de 2012 y 2018”. 

La SFP confirmó que esta resolución deriva de las acciones que desde inicios de la actual administración fueron informadas por la propia secretaría en cumplimiento a la instrucción presidencial de investigar a los funcionarios de su gobierno que estuvieron relacionados con el esquema conocido como “Estafa Maestra”.

En los dos primeros años de esta administración actual se generaron ya 231 expedientes de responsabilidades, vinculados con la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, en estas 90 ya concluyeron y se han impuesto 43 inhabilitaciones y ocho destituciones.