Un nuevo megadesvío vinculado al PRI en 2016, fue dado a conocer públicamente. Autoridades de siete estados desviaron cerca de 650 millones de pesos a 12 empresas fantasmas, de acuerdo a un medio nacional.

Los negocios vinculados formaron parte del presunto esquema de financiamiento ilegal de campañas electorales del PRI. De acuerdo a la información publicada por Reforma, en testimonios ministeriales se informó que las empresas contaban con protección del SAT, en ese entonces encabezada por Aristóteles Núñez colaborador de Luis Videgaray.

Fue una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en la que se descubrió que esas 4 empresas y otras 8 vinculadas recibieron, en 2016, transferencias equivalentes aquel año a 36 millones de dólares de los gobiernos priistas de Chihuahua, Durango, Sonora, Colima y Estado de México. Informó el medio nacional.

El texto publicado describe que también desviaron recursos el Congreso de Morelos y la Delegación Milpa Alta, en la Ciudad de México, para la "Operación Safiro", nombre que operadores del PRI asignaron al mecanismo para el desvío de fondos públicos.

Sin embargo, Safiro se trata de un software desarrollado por empresarios del norte del país, que partidos políticos como el PRI han utilizado para promover el voto y a jóvenes con potencial, según señalaron a VANGUARDIA fuentes de la compañía que lo desarrolló.

Trascendió que además de Chihuahua, el sistema se replicó en otras entidades. Mexicanos contra la corrupción informó también que los los mayores desvíos realizados aquel año a la red fantasma corresponden a las gestiones de los gobernadores priistas de Chihuahua, César Duarte (246 millones de pesos); Durango, Jorge Herrera Caldera (230 millones) y Sonora, Claudia Pavlovich (140 millones).

Accionistas de  empresas involucradas en los desvíos en 7 estados son en realidad prestanombres, pues se trata de habitantes de colonias populares y marginales de la zona metropolitana de la Ciudad de México, comprobó MCCI en un recorrido.

Además, el texto explica que testigos aseguran que Alejandro Gutiérrez, quien en 2016 se desempeñaba como secretario general adjunto del PRI nacional, fue quien puso los nombres de las empresas que simularían operaciones para concretar el desvío de fondos.

Alejandro permaneció preso durante nueve meses acusado de peculado por el actual Gobierno de Chihuahua que encabeza Javier Corral, aunque fue liberado el 28 de septiembre de 2018.

Desde esa fecha se le colocó una tobillera de seguridad, como parte de una medida cautelar que lo obliga a permanecer exclusivamente en el estado de Chihuahua, mientras avanza el proceso.

En Sonora se utilizaron tres de las cuatro empresas que usó Duarte para presuntos desvíos electorales.

“Por ejemplo, desde la cuenta 012760004481069910 de BBVA Bancomer el gobierno sonorense realizó 7 transferencias entre el 11 y el 26 de abril de 2016 por 21 millones 544 mil pesos a favor de la cuenta 65505304146 de Banco Santander, a nombre del Despacho de Profesionistas Futura.

Hubo un desembolso adicional a Futura, por 5 millones 917 mil pesos, que el Gobierno de Sonora realizó a través de la Comisión de Ecología por concepto de asesoría, según consta en dos órdenes de pago” describe la publicación.