CDMX.- El reglamento de construcción de la Ciudad de México es reconocido a nivel internacional por ser uno de los mejor elaborados en materia de estructuración de inmuebles para soportar sismos de alta magnitud; sin embargo, la corrupción y los intereses de particulares, políticos y de inversión, han provocado el incumplimiento de las normas que apoyan esta reglamentación que se han ido destapando desde el sismo del pasado 19 de septiembre.

 

Ingenieros y arquitectos de todo el mundo visitan nuestro país para ser asesorados por los expertos en esta normativa y aprender de la tecnología que aquí se desarrolla desde 1987, año en que se emitió el primer reglamento de construcción del entonces Distrito Federal.

 

Para el ingeniero Jesús Mendívil, presidente del Colegio Nacional de Ingenieros Arquitectos de México, el exceso de normatividad es una de las causas que genera la corrupción, ya que requiere de una inversión considerable cumplir con cada una de las reglas.

 

“Entre más complejo el diseño de un edificio, requiere más responsivas de los Directores Responsables de Obra, que cuestan más dinero. Nosotros mismos pensamos que la excesiva regulación genera corrupción”, dijo.

 

Según el arquitecto, la mayoría de los permisos que se emiten de manera irresponsable no salen de una oficina de gobierno, sino que son apócrifos. Algunos gestores “engañan a la gente diciéndoles que pueden conseguir permisos y se ha dado el caso de que estos son apócrifos”, aseguró el arquitecto.

 

 

Isaura Elisa López Vivero, arquitecta de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), aseveró que no hacen falta más normas o comités de regulación, sino ética profesional de quienes se animan a construir; equipos que deben revisar las construcciones de manera continua y de los inversionistas, que deben anteponer la seguridad de las personas que habitarán un edificio a lo que puedan ahorrarse en un presupuesto.

 

“Seguimos sin entender que esta ciudad se está poblando y se está saturando de tal forma que la infraestructura llegará a un punto en que ya no responda a las necesidades, y eso se debe a la falta de análisis urbano, de planeación en políticas urbanas, muchos intereses económicos y, como sabemos, la corrupción”, indicó.

 

 

Dos colaboradores del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, fueron los responsables de vender un edificio nuevo que quedó severamente dañado tras el terremoto.

 

De acuerdo con un reportaje publicado en La Silla Rota, el edificio ubicado en Insurgentes Norte 1260 fue comercializado por la Promotora Inmobiliaria Dekah, y propiedad de Simón Neumann Landenzon, actual asesor del Centro de Transferencia Modal (Centram) y exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).

 

Fausto Ernesto Galván Escobar, otro de los socios, es el actual coordinador general de Gestión para el Crecimiento y Desarrollo de la Ciudad, dentro de la Secretaría de Desarrollo Económico.

 

En 2014, organizaciones vecinales de la Ciudad de México acusaron a Mancera y a Neumann de encabezar una “red de corrupción” dedicada a favorecer a desarrolladores inmobiliarios.