Lo dije en otro momento: estoy en contra de la consulta para llevar a juicio a los expresidentes porque sencillamente la justicia no se hace por consultas. Cualquier persona, funcionario o no, expresidente o no, tiene que responder ante un estado de derecho y no ante una consulta.

Sin embargo, este domingo, el ejercicio de la consulta, más allá de las razones políticas que han llevado a la misma, más allá de la pregunta cantinflesca que no dice nada sobre expresidentes e inclusive más allá del resultado, la consulta representará sin duda un asunto histórico por ser la primera que se hace. Un precedente para futuras consultas a la ciudadanía.

Y es en este último punto donde me detengo. ¿Qué se le puede consultar a la población? Si partimos que los gobernantes, diputados y senadores son representantes del pueblo, uno debería pensar que sus acciones y decisiones están basadas en lo que quiere o no la gente. ¿Pero realmente esto sucede? La respuesta es clara: No.

Las y los legisladores, tanto locales como federales, están acostumbrados a “votar” (si a lo que hace se le puede llamar así) a partir de la indicación partidista. Es decir, obedecen a los intereses de una cúpula partidista, por lo que las decisiones que se toman desvirtúan la democracia en una oligarquía, es decir, el gobierno de unos cuantos.

Si quienes deciden cómo vota una bancada, por ejemplo, es el líder o el grupo al frente del partido, para qué queremos 500 diputados. A nivel estatal y municipal quizá se acentúa este problema: los diputados aprueban o desaprueban con su voto con base en la directriz del gobernador (para quienes son parte del partido oficial) y la “oposición” vota en contra simplemente por llevar la contra (en muchos casos).

Entonces si el día de mañana existe una polémica sobre la legislación de las drogas, el matrimonio o la adopción en personas o parejas del mismo sexo, el aborto, la contratación de más deuda, ¿por qué no utilizar la consulta ciudadana?

Imagine que esos temas, más reales y cercanos, se llevaran a una consulta ciudadana y que el resultado fuera “vinculante” en la toma de decisiones de quienes nos gobiernan.

Si fuera así, estoy seguro que no habrían prohibido las corridas de toros en Coahuila simplemente porque un gobernador se amachó y se vengó de un contrincante político. Estoy seguro que Coahuila no se habría endeudado ilegal e irresponsablemente si se hubiera consultado a la gente. Si se hubiera consultado a la gente de Saltillo si querían el Parque Mirador de 20 millones de pesos ¿habrían respondido que sí? Si hubieran consultado a la gente de Torreón si querían un teleférico de 170 millones de pesos o en Monclova el monumento a Francisco I. Madero conocido como “el rallador de queso”, ¿qué habría respondido la población?

AL TIRO

El ejercicio de la consulta para llamar a la justicia a exfuncionarios me parece ridículo. Pero en un país donde alcaldes, legisladores, gobernadores y presidentes están acostumbrados a hacer lo que se les da la gana y hacer uso de los recursos de forma arbitraria, como por ejemplo, invertir en obras que no sirven o no son necesarias, no llamar a que comparezca un funcionario simplemente porque no quieren, cambiar leyes simplemente porque se les antoja, modificar reglamentos, regalar terrenos a empresas o entregar dinero público a equipos de futbol, entonces el ejercicio como tal sin duda deberá sentar un precedente.

Estos ejercicios deberán efectuarse en mayor y mejor forma para decidir sobre el uso del dinero público, las leyes que afectan o benefician a la gente, las obras que son construidas con dinero de los contribuyentes, y muchas otras acciones.

Veremos si a partir de la consulta de este domingo, los ejercicios se replican. Y entonces sí, veríamos un acercamiento de la ciudadanía a los temas políticos. Entonces sí se fomentaría una participación ciudadana. ¿Será que los gobernantes querrán tener verdaderamente cerca a la ciudadanía?