En México existe una enorme cantidad de personas que son víctimas de desplazamiento forzado interno por diversos motivos –que van desde actos de violencia de grupos armados hasta afectaciones causadas por megaproyectos--, y a pesar de la gravedad del fenómeno, los sucesivos gobiernos del país han optado por invisibilizar el tema o darle soluciones paliativas, pero sin resolver la raíz del conflicto.

Así lo indicaron los asistentes al foro “Historias y reflexiones sobre desplazamiento forzado”, realizado en la Universidad del Claustro de Sor Juana, quienes subrayaron la urgencia de que las autoridades mexicanas emitan ya una Ley General en la materia, cuya aprobación se ha postergado en al menos seis ocasiones.

Morna MacLeod, profesora-investigadora de la Universidad Autónoma del estado de Morelos, señaló que el desplazamiento forzado es el producto de otras violaciones graves a los derechos humanos, como homicidios, amenazas y actos de despojo, y afecta lo mismo a comunidades enteras que salen de su lugar de origen de forma masiva, que a personas que huyen de manera individual y sigilosa, lo que se conoce como “gota a gota”.

Aunque no hay estadísticas certeras sobre la cantidad de víctimas de este fenómeno en el país, estudios de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos indican que hay alrededor de 338 mil, aunque otros cálculos indican que la cifra podría llegar incluso a un millón, pues en las estimaciones normalmente no se toma en cuenta a los desplazados individuales, quienes no desean ser ubicados.

La especialista recordó que aunque ya hay leyes sobre el tema en los estados de Chiapas y Guerrero, éstas no son operativas porque no tienen reglamentación, al tiempo que recordó que ha habido seis intentos fallidos de emitir una norma a nivel general.

Por su parte, Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la Red “Todos los Derechos para Todas y Todos”, recordó que el desplazamiento forzado interno crece año con año y que hay comunidades que han vivido en esta condición desde hace décadas, por lo que señaló que la emisión de una Ley General en la materia debería ser una prioridad para el actual gobierno, como parte de una estrategia integral en busca de soluciones.

En el foro participaron también Martín Sántiz y Marcos Pérez, originarios de los municipios chiapanecos de Aldama y Chalchihuitán, respectivamente, quienes han sido víctimas de desplazamiento forzado y narraron las agresiones de grupos paramilitares que los hicieron huir de sus casas junto con otros miles de personas, en un fenómeno que el gobierno ha tratado de invisibilizar.