De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación de Coahuila, el número de profesores despedidos -por diversas razones- se ha multiplicado casi cuatro veces en lo que va de 2015, con respecto al año pasado. A primera vista, la cifra parecería hablar de una actuación más severa por parte de las autoridades en la exigencia del cumplimiento de responsabilidades de los docentes. Sin embargo, una mirada más cercana al fenómeno de los despidos indica con claridad que los problemas más graves no se están resolviendo con el simple hecho de que la SEC dé por terminada la relación laboral con los profesores a quienes sorprende en falta.

La afirmación anterior es particularmente cierta cuando hablamos de la más grave de todas las faltas por las cuales las autoridades educativas estatales despiden profesores: el abuso sexual.

De acuerdo con las propias cifras de la Secretaría de Educación, el abuso sexual continúa siendo un fenómeno presente en los planteles educativos a su cargo, y el hecho de los profesores denunciados por tal conducta hayan sido despedidos en el pasado no ha logrado que la conducta se erradique.

Tal circunstancia conduce a una conclusión tan contundente como perturbadora: los padres de familia no pueden confiar en que sus hijos se encuentran seguros en los planteles educativos de la entidad.

Y es que, como se ha dicho en ocasiones anteriores, cuando un profesor -sea del nivel educativo que sea- abusa de su posición de superioridad en el aula para atacar sexualmente a alguno de sus alumnos, lo que está ocurriendo es uno de los actos más deleznables.

Se trata de una conducta que no puede -ni debe- ser tolerada bajo ninguna circunstancia y que no puede llevar solamente al hecho de despedir a un profesor cuando se le encuentra responsable -en la vía administrativa- de una conducta de este tipo.

Los hechos tendrían que ser denunciados ante la Procuraduría de Justicia de la entidad y debería exigirse el ejercicio de la acción penal en contra de quien ha sido sorprendido en tal falta.

Sólo así puede aspirarse a que el exceso que constituye el ataque en contra de un menor de edad, efectivamente sea erradicado de los planteles educativos de la entidad.

Mientras la Secretaría de Educación no proceda penalmente en contra de los abusadores sexuales que tiene en su nómina, los actos de este tipo seguirían ocurriendo, con todas las consecuencias inherentes a los mismos.

Y para que la autoridad se decida a actuar en tal sentido, hay que llamarle a las cosas por su nombre: si la Secretaría de Educación descubre y castiga -con el despido- a un profesor que ha abusado sexualmente de un alumno, en realidad lo que esta haciendo es encubriendo un delito y actuando como cómplice de los abusadores.