CDMX.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó sin efecto, por primera vez en la historia, una resolución que ya había discutido y votado para declarar que es inconstitucional que el Ministerio Público acceda a información bancaria o financiera sin previa autorización de un juez. 

La causa: aceptó que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se desistieran para que los ministros ya no resuelvan recursos de revisión en los que se les pidió pronunciarse sobre la Constitucionalidad del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Con este desistimiento, los ministros de la Corte ya no pronunciaron como inconstitucional el acceso a información bancaria durante investigaciones penales, sin orden judicial previa.

Las autoridades federales aprovecharon jurisprudencia de la propia Corte, que señala que las partes en juicio de amparo se pueden desistir en cualquier momento de sus recursos mientras no exista sentencia, incluso si el proyecto respectivo fue publicado.

Con siete votos, el Pleno de la Corte declaró procedentes los desistimientos presentados por la SHCP y de dos agentes del Ministerio Público Federal adscritos a un Tribunal Unitario y un Colegiado, de los recursos de revisión contra el amparo concedido a un imputado por defraudación fiscal.

La protección constitucional establecía que la fracción I del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito es inconstitucional al facultar a la Fiscalía General de la República (FGR) para pedir directamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) información bancaria y financiera de las personas a las que investiga, sin tener que solicitar permiso a un juez. 

Los apuntes

> La SHCP y agentes del MP federales presentaron el recurso de revisión que llegó a la Corte, donde la semana pasada los ministros votaron por no darles la razón.

> Esta semana los ministros debían determinar si el criterio que declara inconstitucional el citado artículo podía tener efectos retroactivos o si era aplicable en casos futuros.

> La declaratoria de inconstitucionalidad ponía en riesgo grandes casos de la FGR, como el del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, o el del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin.