En la sesión del 11 de diciembre de 2018, la ahora exdiputada local por el PRD, Claudia Ramírez, alertó de la venta de una propiedad del Municipio de Parras, por parte del alcalde Evaristo Madero, ahora preso, sin que el permiso para enajenación pasara por el Congreso del Estado.

El edificio, ahora se sabe, es eel ubicado en Reforma y Bravo, en la zona centro de Parras, en el cual operaban las oficinas de las Procuraduría Federal del Consumidor, la Clínica Municipal y el Instituto Nacional Electoral.

Evaristo Madero fue detenido el martes e ingresado al Penal de Saltillo, presuntamente por la ilegalidad en esta venta y otros delitos a los que deberá responder, todos relacionados con su gestión en 2018.

El dinero pagado por la propiedad, que fue rematada por debajo de su valor real, se destinó de acuerdo con versiones de regidores de esa administración, a saldar el pago de una deuda con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por más de 2 millones de pesos; para evitar la falta de agua y alumbrado.

La legisladora llamó a sus compañeros a votar un punto de acuerdo en el cual exhortaba al alcalde Evaristo Madero y a su Cabildo, a explicar el fundamento legal de la venta, sin siquiera acusar de alguna ilegalidad en ese momento.

La diputada expuso a sus compañeros que el Congreso no tenía conocimiento de la venta del inmueble y mucho menos la autorización para enajenar una propiedad municipal.

El Código Financiero Municipal, en su artículo 305, expone que los bienes municipales “sólo podrán ser enajenados mediante el acuerdo de autorización de las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento, previo decreto de desincorporación dictado por el Congreso del Estado y conforme a las disposiciones aplicables”.

Para un municipio desincorporar a manera de venta o cualquier otro título un bien inmueble, antes debe existir la autorización del Congreso.