En Coahuila existe un decreto para el blindaje de los programas sociales durante los procesos electorales, por eso el secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Carlos Cabello Gutiérrez, anunció que se será intolerante contra cualquier forma de corrupción.

“Es necesario generar certidumbre en la ciudadanía, de que los programas que van a los más desprotegidos, cumplan estrictamente con su destino social, que no existan desvíos o manejos arbitrarios”, señaló el Secretario.

Agregó que las autoridades deben ser intolerantes a cualquier forma de corrupción porque lesiona la integridad del servicio público y rompe reglas de equidad y ética del proceso electoral.

Explicó que en el mes de mayo de 2013 se publicó el decreto por medio del cual se establecen disposiciones para blindar las campañas y los comicios en la entidad.

Cada una de las dependencias de la administración pública estatal tiene medidas de control, vigilancia y participación social en la entrega de los programas sociales.

Por ejemplo, existe la prohibición expresa de condicionar la entrega de un servicio al público, el cumplimiento de programas o la realización de obras públicas, a favor de un partido político o candidato.

También se prohíbe destinar fondos públicos, vehículos, inmuebles, materiales de oficina, servicios de teléfono y demás a beneficio de un partido o candidato.

Además este mismo decreto prohíbe la distribución de propaganda electoral en edificios públicos y portar atuendos que identifiquen al servidor público con algún partido político.

Las oficinas públicas deberán permanecer cerradas fuera del horario de oficina y se protegerá a los programas sociales para influir en las elecciones.

La función de la Secretaría a su cargo, explicó Cabello Gutiérrez, es que ningún servidor público, abusando de sus facultades y de su cargo, utilice los recursos a su cargo para favorecer intereses partidarios.

DATOS

>  Desde 2013 quedaron blindados los programas sociales en tiempos electorales.
>  Queda prohibido condicionar la entrega de un servicio a la ciudadanía.
>  La realización de obras o cumplimiento de programas deben estar libres de colores partidistas.
>  Destinar fondos públicos, vehículos, inmuebles, materiales de oficina, servicios de teléfono y demás a beneficio de un partido o candidato, será objeto de sanción.
>  Queda prohibida la distribución de propaganda electoral en edificios públicos.
>  Los funcionarios públicos no deberán portar atuendos que tengan que ver con algún candidato.