La semana pasada hablamos sobre impunidad. Hoy el tema será una de sus consecuencias: la desconfianza. Cuando se habla de incidencia delictiva, resulta sumamente complicado sincronizar lo que muestran las estadísticas oficiales provenientes de las fiscalías o corporaciones de seguridad pública, con aquello que la ciudadanía percibe en sus andares cotidianos. Aunque en una determinada localidad el índice de delitos sea notoriamente bajo, basta con que un ciudadano haya sufrido, atestiguado o conocido en sus círculos cercanos un episodio de inseguridad pública para que su percepción particular vaya en sentido contrario a lo que felizmente reportan los números oficiales. Del conjunto de experiencias individuales se van tejiendo posturas generalizadas y una de ellas, lamentablemente, es que en muchas ocasiones interponer una denuncia cuando se es víctima de un delito, es una pérdida de tiempo. Otra es que las políticas de prevención del delito son mera simulación. En un país con niveles de impunidad del 98%, no sorprende que ambos juicios estén dados por ciertos en el imaginario colectivo.

La Laguna, y particularmente Torreón, se ha convertido en un símbolo de éxito en la reversión de la violencia encarnizada que durante 2007 y 2013 azotó a la región y la llegó a colocar entre las cinco zonas más peligrosas del mundo. Ya hemos relatado también en este espacio cómo el modelo del Mando Especial para La Laguna, la cohesión de los tres niveles de gobierno y el empuje de la sociedad civil organizada, contribuyeron a pacificar la comarca. Sin embargo, siempre hay el riesgo de que algo pueda romperse otra vez. “Hay que cuidar a Torreón como uno de los muy pocos símbolos que ya nos quedan en materia de reducción de los niveles de violencia”, señaló por estos días Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. El especialista valoró que La Laguna no esté padeciendo una escalada alarmante de violencia, como ocurre en otros estados del país, pero insistió en que para mantener alejado ese riesgo, las autoridades locales deben seguir tomando las decisiones “que el gobierno federal no está tomando”. Y es que si bien la desaparición de la Policía Federal y el despliegue de la Guardia Nacional no ha alterado el modelo de seguridad aplicado en La Laguna, la nueva corporación no ha terminado de afianzarse. De hecho, en la región lagunera un 20% de la población no identifica a los elementos de la Guardia.

El dato se desprende de la Encuesta de Victimización y Cultura de la Legalidad 2020, realizada por el Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) en La Laguna. Y entramos aquí al tema de la desconfianza: el documento reporta que en Torreón sólo un 12% de las víctimas de algún delito interpuso la denuncia correspondiente y, de ese total, en un 23% de los casos los propios agentes del ministerio público trataron de disuadir al ciudadano de continuar con el proceso.

Otro dato relevante es que aun cuando los delitos de alto impacto dejaron hace años de ser un pan cotidiano, los ilícitos patrimoniales han tendido a repuntar. En ese sentido, un 40% de la población lagunera considera que la inseguridad ha crecido, contra apenas un 13.1% que percibe una disminución. Cambiar la chapa de sus viviendas (39%), ponerle alarma al coche (17%) o colocar rejas y levantar bardas (15%), son las principales acciones que la población realiza para evitar ser víctima de un delito.

He ahí otro botón de muestra de una desconfianza que ha sido sistemática y, al menos hasta ahora, casi irreversible: mientras 4 de cada 10 ciudadanos perciben un incremento en los niveles de inseguridad, apenas 1 de cada 2 confía en sus corporaciones locales. La Policía Municipal inspira desconfianza en un 51% de las personas, mientras que la Policía Estatal lo hace en un 50%. 

Ya en días pasados, el propio CCI había reportado que durante el tercer trimestre del año, los robos con violencia en la Zona Metro de La Laguna habían aumentado 23.4%, los robos a casa-habitación un 20.1%, los robos a transeúnte un 28.4% y los robos a negocio en un 33.7%. 

En un escenario así, algo debe cambiar para disminuir esa desconfianza tan acentuada e, insisto, casi irreversible hacia las instituciones de seguridad y procuración de justicia que, por cierto, la van a tener difícil el próximo año con los recortes presupuestales que habrán de sortear. Atender la crisis de seguridad no puede seguir siendo tarea pendiente.

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