Descarta Profeco presencia de 'coyotes' en Coahuila, para venta de servicios fuerarios
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Descarta Profeco presencia de 'coyotes' en Coahuila, para venta de servicios fuerarios
Aunque en otras ciudades del país la Profeco detectó “coyotes” o intermediarios que encarecen los servicios funerarios ante un incremento en la demanda por casos de COVID-19, en Coahuila la dependencia aún no registra casos.
A nivel nacional, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que se han detectado intermediarios o “coyotes”, que encarecen los costos de los servicios funerarios y que ofrecen el servicio y trámites ante las autoridades para obtener actas de defunción y permisos de inhumación, incrementando considerablemente el costo.
De acuerdo a la dependencia, el paquete de inhumación en la zona metropolitana de la Ciudad de México pasó de tener un costo promedio de 10 mil 702 pesos en noviembre de 2019 a $10,768 (0.6%) al pasado 15 de mayo; mientras que el servicio de cremación pasó de 12 mil 040 a 12 mil 852 (6.3%). En Saltillo se constató que la cremación cuesta 15 mil pesos.
Sin embargo, en Guadalajara la inhumación cuesta 17 mil 261 pesos; mientras que en Monterrey el servicio cuesta 19 mil 884 pesos. En Saltillo llega a 22 mil 550 pesos en promedio.
“Se han revisado las funerarias y tienen su funcionamiento en orden, solo hubo una que no presentó sus documentos en orden y se le previno, se realizará una segunda visita para que presente los papeles que faltaron, pero en general están en orden”, sostuvo la oficina de Profeco en Saltillo.
EN OTRAS PARTES
SÍ SUBE DEMANDA
A través de visitas de verificación y monitoreo, esta dependencia ha registrado que la gran mayoría de las funerarias no han modificado precios, aunque haya mayor demanda ocasionada por defunciones a causa del COVID-19, pero se han producido abusos al ser contratadas por terceros y no por los deudos, señaló la dependencia.
Hasta ahora la Profeco no ha recibido denuncias contra estos intermediarios, pero recomienda a los consumidores denunciarlos ante las autoridades ministeriales, ya que estarían incurriendo en la práctica de un delito, o bien ante la propia Profeco, que puede canalizar esos reclamos ante la Fiscalía.