El impacto económico de los desastres provocados por fenómenos naturales ha significado para México un gasto de 425 mil millones de pesos (a precios corrientes), durante el periodo 2000-2016.

El peor año fue 2010, con un impacto en el gasto público de 92 mil 166 millones de pesos por los efectos de tres huracanes. De hecho, el factor hidrometeorológico genera 9 de cada 10 desastres en el país, indica un reporte de la Secretaría de Gobernación (SG).

Para 2017, la cifra preliminar de este gasto ronda ya los 40 mil millones de pesos, a consecuencia de los sismos de septiembre.

Si bien es una cantidad muy grande que equivale, por ejemplo, al presupuesto anual de una secretaría de Estado, el año pasado se colocaría en un nivel medio de gasto para atajar este tipo de situaciones. Un rango similar se dio en 2005 para atender las consecuencias del paso del huracán Wilma, y en 2007 con las inundaciones en Tabasco.

Después del citado impacto de 2010, le siguen los desastres de 2013, con la afectación de los ciclones tropicales Ingrid y Manuel.

Durante 2016 se tuvo un gasto pequeño, comparado con los picos mencionados de 13 mil 793 millones de pesos, generado por la tormenta tropical Earl y lluvias intensas.

La participación del impacto de los desastres como proporción del Producto Interno Bruto pasó de 0.45 por ciento en 2013 a 0.07 en 2016, según el documento de Gobernación.

Si bien los eventos hidrometeorológicos representan 86.6 por ciento de los casos que afectan a millones de habitantes, le siguen las afectaciones por productos químicos, con 13 por ciento, mientras que los sismos sólo son 0.3 por ciento del total de los fenómenos naturales que afectan a la población.

Blindaje de protección civil

El coordinador nacional de Protección Civil de la SG, Luis Felipe Puente, dijo que la ley general en la materia es un blindaje para la continuidad del esquema actual, tanto en prevención como en gasto para atender emergencias y desastres.

El objetivo es que nuestro próximo gobierno tenga claridad en cuanto a la importancia de la protección civil, subrayó.

En entrevista, Puente hizo énfasis en la importancia que tienen los ciudadanos para supervisar y exigir el cumplimiento de la citada normatividad, así como preservar el lugar de México en instancias internacionales de decisión en la materia.

Que la próxima administración tenga claro que la protección civil no es un instrumento más del gobierno; por el contrario, el cambio climático ya nos demostró que destruyó parte del Caribe y, en septiembre pasado, de no ser por los mexicanos, los daños pudieron ser mayores.

La Organización de las Naciones Unidas mostró en una publicación reciente que la intensidad de los terremotos para Ciudad de México fue mayor a los de 1985. Sin embargo, la pérdida de vidas fue menor.

El año pasado se respetaron las reglas y donde no ocurrió así los inmuebles sufrieron colapso, de ahí que haya una carpeta de investigación por cada derrumbe, y hasta el momento se tienen avances en tres: uno nuevo que colapsó, el del colegio Enrique Rebsamen y el inmueble en la calle Álvaro Obregón, dijo Puente.

La realidad es clara: o atendemos las normas de protección civil o perdemos vidas, señaló.