El Gobierno de Coahuila desaprovechó 550 millones de pesos destinados de un fondo federal que pudieron ser utilizados en pensiones, el Registro Público de la Propiedad, así como otras actividades, reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF). 

En un adelanto de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, el órgano federal consideró que Coahuila no utilizó de manera correcta los recursos destinados del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

“El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, realizó transferencias injustificadas por 550,000.0 miles de pesos, y se dejaron de atender rubros como el saneamiento financiero y de pensiones; modernización de los registros públicos de la propiedad, sistemas de recaudación fiscal; fortalecimiento de los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico; a sistemas de protección civil, o apoyos a educación pública adicionales a los recursos de naturaleza local, ni a fondos constituidos para apoyar proyectos de infraestructura concesionada”, sostuvo la ASF.

Según la conclusión del órgano fiscalizador, el Gobierno de la entidad “no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas”.

Según la Auditoría 16-A-05000-14-0770 770-DS-GF, la administración de Coahuila recibió 654 millones de pesos de la Federación por este concepto. En esta revisión de los recursos se consideró que hay recuperaciones probables por recursos transferidos a otras cuentas bancarias por 423.25 millones de pesos y penas convencionales no aplicadas por 65 mil pesos. 

En esta fiscalización se determinaron que existen siete observaciones, dos recomendaciones, dos promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y tres pliegos de observaciones. 

Diversos actores de la sociedad civil, especialmente los notarios de la localidad, han señalado retrasos en  la actividad del Registro Público de la Propiedad. 

Asimismo, VANGUARDIA publicó ayer que en la misma Cuenta Pública 2016, el Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado tuvo un déficit cercano a los 13.5  millones de pesos.